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EL RECURSO AL 'PLAN IBARRETXE'

El Constitucional dilata su decisión sobre el recurso al 'plan Ibarretxe'

El Alto Tribunal da diez días a los Gobiernos central y vasco para que presenten sus informes a la propuesta soberanista del 'lehendakari'

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) se ha amparado en la ley que regula su propio funcionamiento para aplazar su decisión sobre el recurso presentado por el Gobierno central contra el plan Ibarretxe. El Alto Tribunal ha acordado hoy conceder un plazo de 10 días al Gobierno central, al vasco y a la Mesa del Parlamento de Vitoria para que formulen las informaciones o precisiones que consideren oportunas sobre el Plan Ibarretxe. Hasta que no estudie los argumentos de ambas partes, el alto tribunal no resolverá sobre la admisión o la inadmisión del recurso del Ejecutivo de Madrid. Este retraso evidencia la división existente en el seno del TC, ya que, según algunos magistrados, el recurso no se ha presentado en el momento preciso.

Los magistrados del Constitucional han utilizado el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que regula su funcionamiento, para solicitar a los ejecutivos de Madrid y Vitoria cuantas informaciones o precisiones juzgue necesarias para su decisión. La partes tienen 10 días para presentar estas informaciones y el Constitucional dispondrá a partir de entonces de otros 15 días para resolver la admisión o no del recurso del Gobierno. Si finalmente lo admite, suspenderá automáticamente la tramitación del plan Ibarretxe en el Parlamento vasco.

Antes de decidir si admite a trámite o no el recurso del Ejecutivo, el Pleno del TC, formado por 12 magistrados con su presidente, Manuel Jiménez de Parga, a la cabeza, ha dictado una providencia por la que traslada al Gobierno vasco y a la Mesa del Parlamento de Vitoria el texto del recurso del Gobierno para que formulen alegaciones. El texto de esta breve providencia señala que los magistrados han decidido "oír al Gobierno de la nación y a los órganos autonómicos que han dictado los acuerdos impugnados, Gobierno Vasco y Mesa del Parlamento Vasco, para que en el plazo común de diez días" presenten sus alegaciones.

El pleno del Constitucional, que ha deliberado sobre la cuestión durante los últimos dos días, tomará una decisión definitiva una vez disponga de los argumentos legales del Ejecutivo y el Parlamento vasco. El Gobierno impugnó el pasado 13 de noviembre ante el Alto Tribunal el acuerdo del Ejecutivo vasco del 25 de octubre, mediante el que se aprobó la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi y el acuerdo de la Mesa del Parlamento Vasco del 4 de noviembre, que admitió a trámite dicha propuesta y ordenó remitirlo a la Comisión Parlamentaria de Instituciones e Interior.

La regulación de las impugnaciones

Ahora, el Constitucional acuerda que las dos partes "aleguen lo que consideren conveniente sobre la concurrencia o no en dichos acuerdos del presupuesto procesal insubsanable de constituir objetos idóneos de la impugnación regulada en el artículo 161.2 de la Constitución y en el Título V de la Ley Orgánica" del TC. Este artículo 161.2 señala que "el Gobierno podrá impugnar ante el TC las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. El Título V de la Ley Orgánica del TC trata de la impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las comunidades prevista en el artículo 161.2 de la Carta Magna y consta a su vez de dos artículos, el 76 y el 77.

El artículo 76 señala que "dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su publicación o, en su defecto, desde que llegare a su conocimiento, el Gobierno podrá impugnar ante el Constitucional las disposiciones normativas sin fuerza de Ley y resoluciones emanadas de cualquier órgano de las comunidades autónomas". Por su parte, el 77 indica que "la impugnación regulada en este Título, sea cual fuere el motivo en que se base, se formulará y subsanará por el procedimiento previsto en los artículos 62 a 67 de esta Ley".

En el caso de que el TC admita a trámite la impugnación del Gobierno, la propuesta del lehendakari, Juan José Ibarretxe, quedará cinco meses suspendida, plazo que los magistrados pueden prorrogar mientras resuelven la cuestión de fondo.