Enseñanza tramita 11 proyectos de nuevos decretos en las últimas tres semanas

A la batería de nombramientos de altos cargos aprobados por el Ejecutivo catalán en funciones de CiU tras las elecciones, se suma la "febril y sorprendente actividad" -en palabras de los sindicatos- de Enseñanza, que ha elaborado hasta 11 borradores de nuevos decretos en las últimas tres semanas. Los sindicatos UGT y USTEC denunciaron ayer que el departamento que encabeza Carme-Laura Gil presente proyectos legislativos "tan cruciales como el decreto de admisión de alumnos", que sería la tercera versión del modelo de matriculación desarrollado por la consejera en poco más de una legislatura.

El pasado 11 de noviembre, cinco días antes de las elecciones autonómicas, el Departamento de Enseñanza presentó ocho proyectos de decreto diferentes al Consejo Escolar. Pasados los comicios, el departamento de Gil -ya en funciones- tramitó tres nuevos borradores, entre ellos uno de gran calado, el de admisión de alumnos. Los otros proyectos de decreto afectan a la ordenación de los diferentes ciclos educativos; la regulación de la evaluación del alumnado; la gestión de los institutos y la política de admisión de estudiantes por parte de los centros. La semana pasada, los sindicatos ya decidieron no acudir a una reunión con la consejera para negociarlos por considerar que un departamento en funciones no tiene legitimidad para planear tantos cambios en el sistema educativo. Enseñanza, por su parte, argumenta que esta "febril y sorprendente actividad", como la define UGT, se debe a que el departamento tiene que seguir un calendario de trabajo y a que el próximo curso entrará en vigor la Ley de Calidad, "contra la que la propia Generalitat recurrió ante el Tribunal Constitucional", recordaron fuentes del departamento.

USTEC considera que estos decretos necesitan tiempo para ser debatidos por la comunidad educativa porque "no se está hablando de cuestiones técnicas, sino de decisiones de gran calado político", explicó ayer Rosa Cañadell, miembro de este sindicato. USTEC añadió que éste es el caso del nuevo decreto de admisión de alumnos, que no da respuesta a problemas como la "saturación de las aulas, la selección encubierta de alumnado, la creciente guetización de algunos centros, y la poca transparencia en los pagos de algunos centros concertados", subrayó ayer Carles Martínez, portavoz de este sindicato.

Libertad de elección

Uno de los aspectos que más criticó Martínez es la inclusión en el texto de la "libertad de elección" de los padres. Un derecho que, en su opinión, "debe tener límites", pues es "un derecho privado, y lo que debe prevalecer son los derechos colectivos, como la cohesión y la igualdad".

USTEC sostuvo que para atender al alumnado que se escolariza una vez comenzado el curso, la Generalitat debería "respetar las ratios máximas establecidas en la ley". Además, en las zonas donde se prevé una mayor demanda de plazas durante el curso, se cerrarán las clases "con el 10% menos de alumnos", agregó Martínez. Este margen, que la ley considera excepcional, "se ha convertido en una norma", añadió. El nuevo decreto, aseguran los sindicatos, no soluciona las "trampas" que el presidente catalán, Jordi Pujol, reconoció que hacía la Generalitat al subvencionar los centros concertados. En este sentido, USTEC propuso "transparencia" en los cobros. "El nuevo decreto es todavía más impreciso en la información y control de los cobros de las familias de los centros concertados", dijo Martínez.

El propio Consejo Escolar de Cataluña decidió ayer por la tarde lentificar la aprobación de esta batería de decretos, y aprobó aplazar el debate sobre el decreto de admisión de alumnos hasta el próximo 15 de diciembre, cuando previsiblemente haya nuevo Gobierno en la Generalitat. El consejo ha pedido un informe jurídico que delimite qué cambios en este nuevo decreto son debidos a la aplicación obligatoria de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) y cuáles son "cosecha propia" del departamento, en palabras de David Medina, portavoz de UGT.

Este sindicato cree que no está nada claro que el artículo del nuevo decreto que introduce el expediente académico del alumno como un criterio más de admisión, tenga su origen en la LOCE. "Esto supone introducir nuevos elementos que aumenten las diferencias entre centros y profundicen prácticas socialmente regresivas", añadió Medina.