La fábrica de Santa Bárbara en Sevilla amplía sus instalaciones sin licencia de obra

La empresa concesionaria del ensamblaje del Leopard 2E, el carro de combate de última generación que fabrican de forma conjunta España y Alemania, funciona en Sevilla sin licencia de apertura y ha ampliado sus instalaciones sin permiso de obra. La antigua factoría de Santa Bárbara Blindados ubicada en Alcalá de Guadaíra perteneció hasta julio de 2001 al Estado, que la privatizó y se la vendió a la estadounidense General Dynamics. Los nuevos dueños sostienen que la factoría sigue siendo de interés nacional, por lo que no precisa licencia ni de apertura ni de obra.

Está justificación deben demostrarla ahora ante el Ayuntamiento de Alcalá. La fábrica está asentada en una finca de 2,5 millones de metros cuadrados no urbanizables propiedad del Ministerio de Defensa. La empresa, que ahora se llama Santa Bárbara Sistemas (SBS) y es filial de General Dynamics, tiene autorización de uso sobre alrededor de 91.000 metros, de los que la fábrica ocupa 39.000.

Antes de llamarse SBS, era Santa Bárbara Blindados, una filial de la Empresa Nacional Santa Bárbara, propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Santa Bárbara ha solicitado tres licencias de obras para adaptar sus instalaciones al programa del Leopard. La primera, en 2001, para construir alrededor de 10.000 metros de naves. Las otras dos, a finales de 2002 para levantar un edificio tecnológico, unos almacenes y una sala para las pruebas de los motores. La empresa reconoce que las obras ya se han realizado a pesar de no haber obtenido aún la licencia municipal.

Fuentes del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra explican que al tratarse de suelos no urbanizables la tramitación de autorizaciones está sujeta a un procedimiento especial que, de momento, sólo se ha completado a medias. Primero debe obtener una autorización de uso por parte de sus propietarios, un trámite con el que sí ha cumplido la compañía. Pero después, para pedir autorización de obras, debe presentar la de apertura, y ahí es donde se ha estancado el proceso.

La compañía asegura que, aunque ya no sea una empresa nacional, sí que es de utilidad pública, por lo que no necesitaría ni las licencias de apertura y obras que concede el Ayuntamiento ni acogerse al informe de impacto ambiental que debe aprobar la Junta. No obstante, la empresa insiste en que se está tramitando todo correctamente, que las relaciones con el Ayuntamiento son fluidas y que están a la espera de que Defensa conceda la autorización. "Hemos tenido que realizar los trabajos porque el programa del Leopard tiene un calendario muy ajustado y no se puede parar", afirma un portavoz de SBS.

La compañía presentó al Ayuntamiento un informe para avalar su interés público por semejanza con una planta similar ubicada en Palencia y que sí cuenta con la autorización estatal, pero el documento no convenció a las autoridades sevillanas, que han dado un plazo "razonable" para que se presente la documentación. Si ésta no llega, aseguran fuentes municipales, habría que estudiar la posibilidad de sancionar a la compañía.

Las últimas ampliaciones llevadas a cabo en la fábrica de Alcalá tuvieron como objeto la construcción de las naves en las que se llevará a cabo el ensamblaje del Leopard, el programa más importante de los cuatro que desarrolla en la actualidad Santa Bárbara. El contrato firmado por la empresa pasa por construir 219 carros de combate y 16 de recuperación. Cada carro, de 5,5 toneladas de peso, tiene un coste de 8,11 millones de euros. La factoría sevillana ya ha recibido más del 75% de los 6,7 millones de euros que se invertirán en ella para adecuar sus instalaciones.

En la planta de Alcalá se hará también el ensamblaje final de 170 carros de infantería Pizarro y 42 vehículos de puestos de mando, así como el montaje y la fabricación de repuestos del vehículo blindado Dragoon, diseñado para las fuerzas de seguridad. La empresa reporta anualmente al Ayuntamiento alrededor de 30.000 euros en concepto del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Además, da empleo de forma directa a 291 personas, todos civiles.