Multa a España por la mala calidad de sus aguas de baño interiores

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas decidió ayer imponer a España una importante multa por no haber resuelto a tiempo la mala calidad de sus aguas de baño interiores. En la próxima primavera, la Comisión Europea evaluará la cuantía de la multa siguiendo las directrices señaladas por los jueces y que podría oscilar entre los 2,8 millones de euros anuales y los 9,3 millones. La sanción es menor de lo que pedía Bruselas en un principio (16,6 millones anuales).

El Gobierno español señaló ayer su esperanza de no tener que afrontar la multa una vez que se demuestre la mejora de la calidad de las aguas interiores nacionales.

En 2002, las zonas de baño en las aguas interiores españolas que se ajustaban a los estándares de calidad europeos fijados en una directiva representaban el 85,1%. En la próxima primavera se hará una nueva medición y, si se mantiene tal proporción, España debería empezar a pagar esta multa, fijada ayer por los jueces en 624.150 euros anuales por cada punto porcentual de distancia, lo que arrojaría una multa de 9,3 millones de euros anuales a pagar mientras España no resuelva el problema.

El Gobierno español aseguró ayer que su cumplimiento ya fue en 2003 mucho mayor, de un 96,5%, lo que supondría una multa menor (2,8 millones de euros anuales) o incluso la retirada de la sanción, porque, dice España, "la Comisión Europea siempre ha retirado el proceso de infracción contra un Estado miembro cuando se alcanza un grado de cumplimiento del 95%". La portavoz de Medio Ambiente de la Comisión, Ewa Hedlund, advirtió ayer de que el interés de Bruselas no es hacer pagar multas, sino mejorar la calidad de las aguas.

Este contencioso se inició con la entrada de España en la UE, en 1986, y la necesidad de adaptar sus leyes medioambientales a las europeas. Una de las directivas más importantes a aplicar en suelo español era la de las aguas de baño interiores, que imponen unos estándares que las aguas españolas no cumplían. Ya en 1998 hubo una primera sentencia contra España por este asunto y, tres años después, la propuesta de una multa desde Bruselas por los escasos progresos realizados.

Los jueces han estimado que España merece una multa coercitiva, aunque de menor importe del señalado por la Comisión y, además, aplaza su pago al año próximo.