La dignidad de los impuestos

"Bajan los impuestos, sube el bienestar". Así reza la campaña publicitaria institucional que ha puesto en circulación el Ministerio de Hacienda. Es difícil encontrar un precedente de una campaña tan ideológica como ésta; tan sólo se la puede comparar con algunas contratadas por Eduardo Zaplana en el Ministerio de Trabajo sobre las pensiones, hace relativamente poco tiempo, que ya estaban en el límite entre los intereses generales que debe defender un Gobierno y los intereses particulares del Partido Popular.

Pero es que, además de ideológica, no es exacta: es de muy difícil demostración empírica la manifestación genérica de que bajando los impuestos aumenta el bienestar; y, por otra parte, los impuestos no han bajado en España como anualmente nos demuestra la OCDE con sus datos sobre la carga fiscal. La presión fiscal ha subido en la España del Partido Popular tres puntos y, a pesar de ello, de cada 100 euros que gana un ciudadano español paga al fisco 35,6, mientras que un ciudadano comunitario paga 40,5 euros de cada 100. También en esto consiste la convergencia real.

Las reformas fiscales activadas por la Hacienda del PP son un producto típico de las reformas fiscales más conservadoras: disminución de la progresividad del principal impuesto recaudatorio, el de la renta de las personas físicas; sustitución de los impuestos directos (aquellos que se pagan según la capacidad adquisitiva del contribuyente) por los impuestos indirectos que abonamos como consumidores; traslación de los incrementos de la presión fiscal a los entes locales y autonómicos; reducción de los gravámenes al capital, e intentos de eliminación de algunas figuras impositivas como el impuesto sobre sucesiones (basado en el principio de igualdad de oportunidades) y el del patrimonio, etcétera.

La campaña publicitaria de Hacienda permite martillear a favor del pensamiento único fiscal, que ha asumido ya la mayor parte de las formaciones políticas (del Gobierno y de la oposición). A saber: que un partido no puede ganar unas elecciones generales si no asume en su programa la reducción de impuestos. La lucha contra el fraude fiscal no queda más que como un recurso retórico, a sabiendas de lo significativo que es en nuestro país.

Por todo ello, es un buen elemento para la reflexión y para el debate público las sucesivas llamadas de atención que sobre los impuestos están haciendo los sindicatos. Ya sabemos la cantidad de defectos que padecen las centrales sindicales en España; todos los días se encargan de recordárnoslo los mismos que defienden el Estado mínimo y la reducción de ingresos públicos aun a costa de bajar los niveles adquiridos de gasto. Pero en alguna ocasión habrá que felicitarlas por la labor de pedagogía con que en circunstancias adversas reafirman las verdades del barquero. Por ejemplo, que los impuestos son el justo precio de una sociedad responsable, deseosa de conservar una cohesión social que forma parte del progreso al que aspiran las zonas más retrasadas económica y socialmente del planeta.

Hace escasos días, los secretarios generales de CC OO y UGT, José María Fidalgo y Cándido Méndez, reclamaron de los partidos que no conviertan la campaña a las elecciones generales de marzo de 2004 en "una subasta de rebajas fiscales", ya que el país no se puede permitir el lujo de perder recaudación en un horizonte en el que, además del retraso en la convergencia real con la media de nuestro entorno natural (en gasto social, ayuda a las familias, educación, infraestructuras, I+D, etcétera), las ayudas provenientes de la UE van a seguir reduciéndose. La pasada semana, en una conferencia en el Club Siglo XXI, Fidalgo se reafirmó en una tesis muy querida por él: es partidario del equilibrio presupuestario siempre que no reduzca el bienestar social. Ello supone, en esta coyuntura, una subida de impuestos para mejorar la competitividad, la innovación y el empleo y para aumentar la protección social destinada a ayudas familiares y a la atención de las personas dependientes.