La UPV recurre un decreto de Iztueta por "dificultar" la contratación del profesorado y vulnerar su autonomía

El mal momento que atraviesa la relación entre el equipo rectoral de la Universidad del País Vasco (UPV) y el Departamento de Educación parece no tener fin. La UPV acaba de abrir un nuevo frente al presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra un decreto de la consejería, que regula la contratación de los profesores temporales. Según la Universidad, el decreto vulnera su autonomía y "dificulta en exceso" la contratación de los docentes. Este nuevo conflicto se suma al que la UPV y Educación mantienen por el pago de un complemento de productividad al profesorado y por el aplazamiento en la aprobación de los estatutos de la institución universitaria. El pago de los complementos ha llevado a la UPV a una situación de asfixia financiera, que la consejera de Educación, Anjeles Iztueta, se ha comprometido a resolver en "breve".

La presunta invasión de competencias de la que se queja ahora la Universidad tiene su base, según indicaron fuentes de la UPV a Vasco Press, en que el decreto establece que, como mínimo, el 40% de las plazas destinadas a los profesores temporales deben ser bilingües y, además, recoge una medición para conocer el dominio de la lengua vasca entre los candidatos. La Universidad asegura que la contratación se justifica en función de las necesidades docentes marcadas por los planes de euskaldunización y no a través de "porcentajes arbitrarios", como estipula el decreto recurrido.

El decreto también fija que los profesores asociados que se contraten tienen que haber ejercido

una actividad profesional coherente con la titulación a impartir por lo menos durante dos de los últimos cuatro años. "Esto endurece mucho las condiciones y es una manera indirecta de no generar estos contratos", se quejan desde la UPV. Reconocen que el Gobierno lo puede hacer, pero que no es lo más acertado en un momento de transición, a la espera de que se apruebe la nueva ley vasca de universidades.