¿Qué Universidad quiere el Gobierno?

La Declaración de Bolonia, firmada en la ciudad del mismo nombre por los ministros de Educación de 29 países -entre ellos España-, estableció los principios fundamentales para la construcción de un espacio común europeo de enseñanza superior. Uno de los compromisos adquiridos fue adoptar un sistema de titulaciones que fuese legible y comparable en todos los países signatarios. Como resultado de ello, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicó en febrero un documento marco sobre la integración del sistema universitario español en este nuevo espacio común europeo. En el mismo se animaba a las universidades a proponer un sistema de titulaciones en sintonía con lo acordado en la Declaración de Bolonia, a partir de la implantación de un sistema común de créditos -conocido como ECTS- y de una nueva estructura de estudios universitarios basado en dos niveles: un primer nivel de grado conducente a la obtención del título oficial de licenciado, ingeniero o arquitecto, con cualificación profesional en el mercado laboral europeo, y un segundo nivel de posgrado, conducente a los títulos de master y/o doctor, para cuyo acceso sería necesario superar el primer nivel.

Simultáneamente, la Agencia Nacional para la Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), fundación estatal sometida al protectorado del citado ministerio, en su ánimo de colaborar con las universidades en el proceso emprendido, puso en marcha una convocatoria para poner a disposición de aquéllas los recursos financieros necesarios para la realización de estudios y supuestos prácticos que sirvieran para el diseño de títulos oficiales de grado adaptados a la Declaración de Bolonia. Concurrieron todas las universidades públicas de España y el 84% de las privadas. En cuanto a las titulaciones, más del 90% del catálogo de títulos actuales se presentaron a la misma. En ese sentido, la convocatoria puede considerarse un rotundo éxito: si el documento marco pretendía invitar a las universidades a la reflexión y al debate, desde luego que el objetivo estaba plenamente cumplido. Finalmente, la convocatoria fue resuelta con la aprobación de 17 proyectos a los que se les concedió un total de 710.000 euros -un 20% más de lo presupuestado en principio-, habiéndose iniciado ya los trabajos en todos los casos.

Pero la sorpresa ha llegado al conocerse recientemente los proyectos de real decreto que prepara el ministerio, en los que se establece la futura estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de grado y de posgrado. Por alguna extraña razón -o por alguna desconocida influencia-, la ministra se ha desmarcado tanto del contenido del documento marco original como de los objetivos de la convocatoria de la ANECA. Se han omitido las frases suficientes como para que el sistema de titulaciones resultante pueda ser tan confuso como se quiera; se han vertido los circunloquios necesarios como para que el modelo universitario que se proponga tenga tan poca comparación con Europa como se desee. Si el documento marco de febrero rezumaba a Bolonia por todos sus párrafos, en los proyectos de real decreto cuesta encontrar un atisbo de ella fuera de las frases coloquiales de rigor habituales.

En los proyectos de real decreto se dice que la superación del nivel de grado, que podrá tener una duración de 180 o 240 ECTS (tres o cuatro años cursados a tiempo completo), conducirá -atención a la paradoja- a la obtención del título que se especifique en las directrices generales propias de dicho título. De esta forma, y contrariamente a lo recomendado en el documento marco, se dejan abiertas todas las posibilidades para nombrar el repetido título: licenciado, ingeniero, arquitecto, diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o cualquier nuevo nombre que pueda estipularse de conformidad con el Título XIII de la Ley Orgánica de Universidades. Así, y por citar sólo un caso, me pregunto si no podrá haber diplomados de cuatro años e ingenieros de tres. Al fin y al cabo, entra dentro de lo posible.

El nivel de posgrado, que podrá tener una duración de 60 o 120 ECTS (uno o dos años cursados a tiempo completo), conducirá -y reproduzco literalmente- al título de máster, y posteriormente, en su caso, al título de doctor, lo que no deja de ser un subterfugio para mantener con vida los actuales segundo y tercer ciclos, contrariamente a lo que se decía también en el documento marco. En mi favor diré que esta sensación no es ni mucho menos subjetiva. Lo que en la Declaración de Bolonia y en el documento marco se expresaba con el término "máster y/o doctorado", ahora se despacha con un bien calculado: máster y doctorado".

En los proyectos de real decreto se dice, asimismo, que los títulos oficiales de grado habilitarán para el ejercicio profesional, mientras que los de máster lo harán para el ejercicio de "específicas funciones profesionales". Como si tales "específicas funciones" no fueran, en sí mismas, parte integrante del pleno ejercicio profesional. Eso sin contar con que los másters no necesitan homologarse y sólo precisan la acreditación de la comunidad autónoma correspondiente, pudiendo resultar funciones profesionales, a su vez, específicas de cada comunidad. Me pregunto qué opinarán de ello los colegios profesionales.

Se dice, también, que el acceso a cualquier programa oficial de posgrado se realizará previa admisión efectuada por el "órgano responsable" del citado programa, o sea, los departamentos de las escuelas o facultades. Lo que, salvo mejor opinión, quiere decir que los susodichos "órganos" tendrán la responsabilidad de determinar desde qué títulos de grado se puede acceder a los programas de posgrado, lo que rompe el principio de igualdad de oportunidades.

Si el documento marco y la convocatoria de la ANECA produjeron una galvanización de la opinión académica y profesional favorable a la integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de Educación Superior, los recientes proyectos de real decreto han venido a sembrar la confusión y a resucitar el escepticismo en Bolonia. Hasta el verano tuvimos un marco que establecía una estructura acorde con la Declaración de Bolonia, que permitía un sistema de titulaciones legible y comparable con Europa. Ahora, en cambio, no sé qué Universidad quiere el Gobierno.

No sé, personalmente, por qué razón los recientes proyectos de real decreto se han escapado por la tangente del marco establecido en el documento que la ministra publicó en febrero. No sé si la ANECA querrá gastarse otros 710.000 euros en la nueva convocatoria que acaba de hacerse pública, para involucrar a las universidades en el diseño de títulos oficiales de grado adaptados a no se sabe bien qué directriz. Y en el caso de que lo haga, tampoco sé si conseguirá despertar las mismas expectativas que la convocatoria anterior. No sé, personalmente, si la estructura de las enseñanzas universitarias que pueda derivarse de estos proyectos de real decreto será legible para nuestros estudiantes o para los estudiantes extranjeros. No sé si el sistema universitario que pueda resultar, finalmente, será comparable con los modelos educativos de enseñanza superior del resto de países europeos o del resto del mundo. Ni siquiera sé si será competitivo o si seguirá desempeñando un papel decisivo en el desarrollo cultural, económico y social de nuestro país, como ha hecho hasta ahora.

Sólo sé que después de todo el trabajo realizado y de todo el tiempo invertido; después de todas las ilusiones despertadas y de todos los miles de euros gastados, el destino final más probable de este "viaje" podría ser, sencillamente, seguir como estamos, pero con un año menos en las ingenierías y las licenciaturas. El tiempo lo dirá.

Antonio Pérez Yuste es director de la EUIT de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid.