Los populares felicitan la iniciativa y el PSE espera que esté bien fundamentada

Para los partidos de la oposición, el recurso es una respuesta lógica al clima de crispación entre las dos Administraciones. El presidente del Grupo Popular en el Parlamento vasco, Jaime Mayor Oreja, se mostró esperanzado con que el Tribunal Constitucional "esté, como el Gobierno de Aznar, en la defensa y garantía de la libertad en el País Vasco". Por ello, tal y como ya ha reconocido, es partidario de aplicar todos los instrumentos legales que puedan estar al alcance del Gobierno y de los tribunales para evitar la situación de indefensión de muchos ciudadanos vascos. En su opinión, el recurso es simplemente la expresión del cumplimiento de una obligación democrática del Ejecutivo de España. El dirigente popular reconoció, no obstante, que no existe "una medida mágica que detenga un plan totalitario cuando consiste en hacer lo que le da la gana", sin reglas ni tribunales. Mayor Oreja mostró, no obstante, su apoyo al Tribunal Constitucional y dijo que pase lo que pase respaldará cualquier decisión que adopte.

Por su parte, el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, se mostró respetuoso con el recurso presentado por la Administración central y lo interpretó como la consecuencia lógica de la vía de confrontación en la que han entrado tanto el Ejecutivo central como el vasco. Aunque él hubiera sido más partidario del diálogo, entiende que el Gobierno de Madrid tiene el mismo derecho a recurrir decisiones del Ejecutivo autónomo, como los partidos del tripartito a recurrir las del Gobierno central. Lo que sí pidió a los nacionalistas es que no utilicen este tema como un elemento más de victimismo. "Los socialistas esperamos que el Gobierno central haya aquilatado la solidez jurídica del recurso en este momento de la tramitación de la propuesta de Ibarretxe, porque de otra forma sería un grave error que contribuiría a cuestionar la posición del Estado de Derecho" declaró ayer .

Unidad Alavesa también expresó ayer esta duda y a través de una nota explicó que los dos recursos de Madrid y de la Diputación alavesa pueden tener vicios de procedimiento "y de sustancia" que al final perjudiquen el efecto pretendido.