Los alaveses pagan un 14% más en impuestos que los guipuzcoanos y un 21% por encima de los vizcaínos
La alta renta per cápita, la efectividad en la lucha contra el fraude y otros elementos han influido para que la Diputación de Álava recaude una media de 5.207 euros anuales en impuestos de cada ciudadano. Según los datos facilitados por el Departamento de Hacienda, procedentes de una auditoría externa, cada guipuzcoano paga a Hacienda 4.454 euros al año (un 14,5% menos que en Álava) y un vizcaíno 4.124 euros de media (un 21,8% inferior).
El diputado de Hacienda, Juan Antonio Zárate, empleó estos datos sobre el esfuerzo fiscal de los contribuyentes como apoyo de una comparecencia en las Juntas Generales donde la oposición le solicitó que explicara qué medios utiliza el Gobierno foral para evitar el fraude. En ese sentido, el diputado recordó que desde 2001 la Diputación ha recaudado 85,4 millones de euros gracias al servicio de inspección.
El 20% de la plantilla de Hacienda, unas 42 personas, se dedican a esas tareas. En los últimos dos años y medio han investigado a 5.513 contribuyentes. De ellos, 895 corresponden a pequeños empresarios, 404 a medianas y grandes empresas, 349 responden a peticiones de las oficinas gestoras y casi 2.400 a expedientes resueltos con brevedad.
Como resultado, se han cobrado los 85,4 millones, de los cuales una mínima parte, 5,7 millones, corresponden a sanciones. El resto de lo recaudado se debe a acuerdos previos con los posibles infractores. El sector de la construcción es el que más inspecciones recibe.
Zárate aseguró "el alto índice de cumplimiento de los contribuyentes" en Álava, "muy por encima de otros territorios, como Vizcaya o Guipúzcoa". El director de Hacienda, Ángel Barrasa, apuntó que ha cambiado el perfil del defraudador medio. "Nada tiene que ver con aquéllos que se compraban un mercedes sin tener dinero. Ahora planifican muy bien sus acciones", aclaró. La Diputación trabaja para conseguir el año próximo la certificación de calidad ISO en su servicio de inspección.
El PNV e IU pidieron que se forme una ponencia para tratar específicamente los asuntos relacionados con el fraude fiscal.
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