Ninguna de las fases de recuperación del río está terminada nueve años después de aprobarse el plan

El Plan Coordinado de Recuperación del Guadaira, aprobado en el Parlamento de Andalucía en 1994, consta de dos fases, la del Guadaira blanco y la del Guadaira verde. Ninguna de ellas está aún finalizada. La primera hace referencia al saneamiento de las aguas del río y es la que, según los plazos anunciados ayer, estará terminada en los próximos tres años. Después vendrá la verde, que consiste en la recuperación del patrimonio histórico y rural de la ribera.

El Ayuntamiento de Alcalá ha invertido ya nueve millones de euros en el tramo urbano del río. Con esta inversión se han creado parques, caminos, embarcaderos y pasarelas peatonales, se han llevado a cabo algunas reforestaciones y se han expropiado terrenos para que los suelos más próximos al cauce sean de propiedad municipal.

Los vertidos que ensucian el Guadaira son de dos tipos: los urbanos, provenientes de los más de 80.000 habitantes de los pueblos que aún no tienen en marcha su depuradora, y los industriales, que llegan fundamentalmente de empresas aceituneras. Según una directiva europea, todos los municipios con más de 15.000 habitantes tenían que tener depuradoras en 2001, pero de los seis pueblos ribereños, sólo Alcalá cuenta con esta infraestructura.

Esta localidad, de alrededor de 70.000 habitantes, es la única que vive de cara al río, de ahí que sea la que exija con más vehemencia el saneamiento de sus aguas. En los otros cinco pueblos ribereños, las administraciones se han encontrado con menos apoyos y la construcción de las depuradoras, que obliga a subir la tasa de abastecimiento de agua, ha tardado años en ponerse en marcha.

Respecto a los residuos industriales, el último estudio de la Junta y la CHG detectó 54 empresas dedicadas al aderezo de la aceituna y asentadas en la ribera del Guadaira que carecen de licencia de apertura. Además, la mayoría de las que sí disponen de licencia no cuentan con depuradora para limpiar sus vertidos, especialmente peligrosos por sus altos niveles de salinidad. No obstante, los desechos de la aceituna y los productos químicos con los que se trata el agua no son bien asimilados por estas máquinas, por lo que los empresarios y las administraciones barajan la posibilidad de construir balsas y desviar hasta allí las aguas contaminadas, una medida que funciona en Arahal.

La CHG, hasta ahora, cuando detectaba algun vertido, solía imponer multas que rondaban los 600 euros. El Ayuntamiento alcalareño viene demandando que todos los vertidos vayan a la Fiscalía de Medio Ambiente.