Subdemocracia sostenible

Parecía que Bolivia sería un ejemplo. El país había tenido el récord mundial absoluto de golpes de Estado, 189 durante 154 años, pero desde hacía unos veinte vivía en democracia y relativa paz. Sin embargo, los últimos acontecimientos han roto de nuevo la legalidad constitucional, sumándose así a una ya larga serie de crisis políticas graves en la mayor parte de los países de América Latina en los últimos años. Como es sabido, el presidente democráticamente elegido de Bolivia, presionado por manifestaciones cuyos líderes proclamaban y aún proclaman que su objetivo es la toma del poder, dimitió y huyó. Su sustituto, el vicepresidente, de hecho ha interiorizado el programa mínimo de la revuelta: ha formado un Gobierno sin apoyo parlamentario y ha anunciado un referéndum vinculante sobre la política del gas, así como la convocatoria de una asamblea constituyente que implica una ruptura del régimen legal existente. Hace veinticinco o treinta años, la crisis boliviana de los últimos meses habría producido sin duda un nuevo golpe militar. De hecho, la diferencia entre el golpe de Estado tradicional y el actual triunfo político de los insurgentes ante la reticencia de los militares a intervenir es casi todo lo que ha avanzado la democracia en América Latina en estos últimos decenios.

Una crisis como la de Bolivia habría terminado en golpe de Estado unos años atrás

La inestabilidad política permanente y la incapacidad de institucionalización de una sociedad durante un siglo y medio sugieren que países como Bolivia, de modo parecido a otros de la región, como Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua o Paraguay, son estructuralmente inviables. Es imposible que un país pequeño y cerrado al exterior pueda ser autosuficiente. Si además es racialmente heterogéneo y económicamente pobre y altamente desigual -como es el caso de los mencionados-, es muy probable que cualquier conflicto se convierta en una crisis política general que ponga en cuestión la subsistencia misma de la comunidad política como tal, es decir, la disposición de sus ciudadanos a aceptar las decisiones colectivas como vinculantes para todos. Incluso una revuelta de unas cuantas decenas de miles de indígenas, como la boliviana de estos últimos meses, en un gran país como Brasil o México habría quedado ahogada como un enfrentamiento local menor. Pero en un pequeño país cerrado en sí mismo fácilmente puede provocar un estallido global.

Ha sido realmente muy desafortunado para toda la historia de las repúblicas latinoamericanas -grandes y pequeñas- que adoptaran el modelo de régimen político habitualmente llamado "presidencialista", en contraste no sólo con los regímenes parlamentarios típicamente europeos, sino también con la división de poderes estadounidense basada en un esquema de frenos y contrapesos. La típica república latinoamericana comporta una enorme concentración del poder en una institución unipersonal, la presidencia, a la cual las demás instituciones están subordinadas o en confrontación. El gobierno basado en la concentración del poder es pequeño, débil y conflictivo y, en sociedades racialmente heterogéneas y económicamente muy desiguales, tiende a ser socialmente alienado, políticamente a la vez litigioso y vulnerable y, como consecuencia, altamente inestable.

Con la presente de Bolivia, en la América Latina democrática de estos últimos dos decenios cabe registrar ya hasta quince crisis mayores con terminación prematura de la presidencia o interrupción del proceso constitucional. Dos de ellas fueron, de hecho, golpes militares por los cuales Fujimori, en Perú, disolvió el Congreso y persiguió a la oposición desde 1992; Serrano intentó lo mismo en Guatemala un año más tarde, pero tuvo que dimitir. En otros dos casos, el presidente disolvió irregularmente el Congreso y convocó una asamblea constituyente: Gaviria en Colombia en 1990 y Chávez en Venezuela nueve años después. En tres casos, el presidente fue depuesto por el Congreso: Collor de Melo en Brasil en 1992, Pérez en Venezuela en 1993 y Bucaram en Ecuador en 1997. Y ocho presidentes dimitieron antes de tiempo ante el descontento social o la amenaza de destitución parlamentaria, en varios casos huyendo al exilio: Siles Suazo en la misma Bolivia en 1984, Alfonsín en Argentina en 1989, Balaguer en Dominicana en 1994, Cubas en Paraguay en 1999, Fujimori en Perú y Mahuad en Ecuador en 2000 y De la Rúa en Argentina en 2001, a los que se ha unido ahora Sánchez de Lozada en Bolivia.

Cualquiera de estas crisis habría terminado en golpe de Estado unos años atrás. Lo nuevo de la situación actual es que, por un lado, la amenaza revolucionaria se ha esfumado tras la caída del comunismo en Europa oriental, la disolución de la URSS, el fin de la guerra fría y el colapso del régimen cubano. Por otro lado, Estados Unidos, que durante varios decenios apoyó a cualquier gobernante, democrático o dictatorial, mientras fuera anticomunista ("un hijo de perra, pero de los nuestros", como se solía decir), una vez desaparecida la amenaza mayor ha cesado de dar apoyo a los regímenes autoritarios e incluso exige unas condiciones mínimas de Estado de derecho y estabilidad institucional para aceptar a un país en tratados comerciales internacionales. Por último, muchos militares latinoamericanos quedaron traumatizados por algunas de sus experiencias de gobierno, como las de Argentina y Chile, cuyos crímenes son aún objeto de persecución, y, en general, no las desean repetir. Lo que ha cambiado en América Latina en estos últimos años es, pues, que ya no existen actores y proyectos alternativos a la democracia suficientemente fuertes y creíbles. Pero esto no significa que los actuales regímenes democráticos funcionen sustancialmente mejor que las pasadas experiencias históricas marcadas por los conflictos y la inestabilidad.

Algunos han dicho que en América Latina hay un subdesarrollo económico "sostenible" porque no han llegado a existir las condiciones fundamentales del desarrollo (liberación de las tierras, acumulación de capital, apertura exterior) y, por tanto, ningún grupo relevante tiene oportunidades ni ambiciones de generar cambios mayores. Ahora habría que añadir que también la democracia políticamente subdesarrollada es "sostenible", debido a la ausencia o la debilidad de revolucionarios y golpistas. Algo, pues, se ha ganado con respecto a periodos anteriores. Pero no cabe duda de que, ante los miserables resultados sustantivos de los regímenes democráticos realmente existentes, la emigración masiva, sobre todo hacia Estados Unidos y hacia España, continuará.

Josep M. Colomer es profesor de investigación del CSIC. Autor de Instituciones políticas (Ariel).