Primas y competencia desleal

La cabaña porcina en España representa el 15% del sector agropecuario y un problema medioambiental por los purines (mezcla de excrementos sólidos y líquidos, aguas residuales y restos de comida). Los 40 millones de toneladas generadas anualmente de este residuo, si no se tratan, contaminan por exceso de nitrato la tierra y los acuíferos. En pequeñas dosis es un fertilizante, pero España es excedentaria en su generación.

Cinco empresas (Corporación AGE, Guascor, Ros Roca, Sener y Sinae Energía) llevan varios años trabajando en este sector y tienen constituida la Asociación de Empresas de Desimpacto Ambiental de Purines (ADAP) desde 2000.

A primeros de los años noventa, la Unión Europea se preocupó por el impacto ambiental del sector porcino. La preocupación llegó a España a finales de la década pasada. En un primer momento se presentaron planes para construir hasta 300 plantas de cogeneración eléctrica y tratamiento de purines. La realidad va por otro camino y hoy solamente existen 11 plantas y hay otras tres en construcción. Las plantas producen electricidad y un fertilizante sólido fácil de transportar.

Los 40 millones de toneladas generadas anualmente de este residuo, si no se tratan, contaminan por exceso de nitrato la tierra y los acuíferos

Adap ha calculado que España necesita entre 50 y 60 plantas para tratar todos sus purines. Sin embargo, sus inversiones están estancadas porque dicen que nadie les asegura la rentanbilidad. Tras múltiples intentos de lograr que la Administración presentara un plan que ordenara el sector, han sido ellos los que en julio pasado presentaron a los tres ministerios implicados (Economía, Medio Ambiente y Agricultura) su propia propuesta. El proyecto, según José Fuster, presidente de ADAP, ha tenido buena acogida y va a servir de base para el diseño de un plan definitivo en el que tienen que trabajar las administraciones autonómicas y la central.

Una planta de purines requiere una inversión de entre 15 y 17 millones de euros. Los miembros de ADAP piden al Gobierno, para volver a poner en marcha sus inversiones, que se cambie el sistema de cálculo de la prima eléctrica que reciben por desimpacto ambiental y que además se exija a todas las plantas unos requisitos medioambientales mínimos.

La prima eléctrica se calcula en función de los tipos de interés, el precio del gas natural que se utiliza en el proceso y el precio de la electricidad. La petición de ADAP es que se vincule fundamentalmente al gas, en un 70%, y a la inflación, en un 30%.