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COLUMNA

Territorios por paz

La conocida fórmula se había convertido en un mantra: Paz por Territorios. Los palestinos aceptaban la legitimidad de Israel, cesaban en su combate y el Estado sionista evacuaba los territorios para que en ellos se edificara una entidad política, presuntamente un día, la Palestina independiente. Pero, con el desarrollo del proceso de paz de Oslo, los términos han ido cambiando, de manera que lo que hoy tampoco se negocia es, en realidad, Territorios por Paz. Los palestinos son los que tendrían ahora que renunciar a gran parte de los territorios para que Israel aceptara la firma de la paz. Y todo ello lleva a la patente imposibilidad de poner fin al estado de guerra en Oriente Próximo.

La firma del acuerdo de autonomía palestina y negociación de una paz futura, de septiembre de 1993 en Washington, se basaba en un fenomenal equívoco del que, sin embargo, las partes eran bien conscientes. Israel entendía que negociaba con la OLP el reparto de los territorios ocupados en la guerra de 1967, de forma que obtuviera la paz a cambio de la devolución de sólo una parte de los mismos; y los palestinos que, como en los textos firmados se basaba la solución del conflicto en las resoluciones de la ONU 242 y 338, y éstas, inequívocamente, afirman la obligación de la retirada total israelí, iban a recuperar Cisjordania, Jerusalén-Este y Gaza con, a lo sumo, retoques fronterizos, negociados por las partes.

El equívoco era público, pero unos y otros prefirieron embarcarse en aquella charada, confiando en que una nueva dinámica de paz les haría porosos a la concesión recíproca y santas pascuas. En semejante tesitura, Israel seguía colonizando esos territorios-almoneda amparándose en una teoría, que no respalda en el ancho mundo ni siquiera Washington, de que las 242 y 338 no exigen una retirada completa, sino que ésta puede ser a la carta. Mientras, a trancas y barrancas, se negociaba, Israel se iba comiendo la materia prima de la negociación, la tierra palestina, lo que hacía la paz, literalmente, imposible.

Es perfectamente argumentable, de otro lado, que cualesquiera que fuesen las concesiones israelíes -devolución de territorios-, una parte del movimiento palestino no se sentiría nunca satisfecho, puesto que su objetivo es el de la destrucción del Estado sionista, pero el tronco esencial del mismo, representado por la Autoridad Nacional y su presidente, Yasir Arafat, sí que aceptaba ese plan de Paz por Territorios, y sería la frustración de ver que no se avanzaba, sino que se retrocedía, con la colonización israelí, en la recuperación de los mismos, lo que llevaba al desencadenamiento del terrorismo suicida y masivo en 1996, y a la segunda Intifada, de fin de 2000.

Ariel Sharon, elegido primer ministro en febrero de 2001, daba otra vuelta de tuerca a la situación, poniendo en práctica, como el presidente Bush posteriormente en Irak, el llamado castigo preventivo: la muerte a domicilio de los presuntos asesinos, unos más o menos probados y otros, simplemente, que estaban por allí. Y todo ello orlado de exacciones extremas sobre el pueblo palestino, como la demolición de viviendas por simple parentesco de sus moradores con los terroristas y, en general, una tentativa de rapar al cero los territorios ocupados. Finalmente, el líder israelí completaba el cuadro exigiendo a la Autoridad Palestina que liquidara los circuitos del terror como condición previa a cualquier negociación, que él mismo proclamaba que nunca llevaría a un desmantelamiento extenso de las colonias; es decir, reclamaba que la AP se embarcara en una guerra civil a cambio de no se sabe qué, pero sí se sabe que muy poco. Todo ello tiene como fin la maduración de una Palestina sin futuro para hacerla avenirse algún día, bajo algún jefe, cualquier jefe, pero siempre sucesor de Arafat, a una transacción territorial leonina. Y eso tampoco parece conducente a la paz.

Cuando Israel protesta contra los resultados de una reciente encuesta de alcance europeo, en la que se le califica de grave amenaza para la paz mundial, alguien debería caer en la cuenta de que puede que todo lo anterior tenga algo que ver con la opinión que refleja la consulta. Y eso, contrariamente a lo que dice el Gobierno de Sharon, no es antisemitismo; es que a la opinión europea no le gusta la política del Estado judío. ¿Y por qué no ha de poderse?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de noviembre de 2003