El PSOE pedirá que se contrate a todos los becarios con doctorado

El Estatuto del Becario que ha redactado el Gobierno "excluye a los científicos que están investigando en su primer y segundo año para hacer la tesis doctoral, de tal forma que los 8.000 becarios de la Administración central se quedan en 4.000. Sólo éstos, los que hacen su tercer y cuarto año de tesis, recibirán seguridad social", explicaron ayer los becarios afectados. Junto al PSOE, pidieron contratos para todos los ya doctorados.

El diputado socialista Jaime Lissavetzky presentará hoy una proposición de ley para que todos los investigadores científicos que hayan concluido el doctorado sean contratados. Esa reivindicación la comparte la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios (FJI). Pero van más allá en sus peticiones: quieren contratos desde el primer año de cursos de doctorado.

Consideran que el Estatuto del Becario redactado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología está "superado por la fórmula 2+2 que se ha implantado en Aragón y que empezará en Cataluña", explicó Elvira Martín, una coordinadora de la Federación. El 2+2 significa que los becarios de estas comunidades tienen Seguridad Social el primer y segundo curso de doctorado y un contrato el tercer y cuarto año.

Elvira Martín explicó ayer que ahora "el Gobierno sólo considera becario de investigación a los que hayan superado los dos primeros cursos del doctorado (32 créditos) y presentado un trabajo de investigación". Por esta razón, los 8.000 becarios de la Administración central sólo serán 4.000 para el nuevo Estatuto. Tampoco se cuentan los 12.000 becarios más que investigan en las autonomías, universidades y otras instituciones, explicó Lissavetzky. Para ellos no es el Estatuto. Y tampoco para los investigadores a partir del tercer año tras el doctorado.

Para que el Estatuto sirva a los científicos concernidos, los organismos que emitan becas deberán apuntarse "voluntariamente" en un registro, "que todavía no tiene fecha de creación", y esperar tres meses después de eso. "Además, no hay una regulación global de la figura del becario, que queda al arbitrio de cada convocatoria de beca. Simplemente se contempla la asimilación al registro de la seguridad social como trabajadores por cuenta ajena, "sin derecho a paro", explicó Elvira Martín. Para el secretario de Estado de Política Científica, Pedro Morenés, el Estatuto "ha dado carácter legal a la figura del becario, con sus derechos y obligaciones y protección social que nunca habían gozado hasta ahora".

"Pero cotizarán a la Seguridad Social como si cobraran el salario mínimo interprofesional, [451 euros], cuando ellos cobran una media de 1.000 euros. Así el Ministerio se ahorra un dinero. Esto es un fraude", se quejó Lissavetzky.

Por último, resumió Martín, sólo se permite la inclusión en el registro que se creará de las becas financiadas con fondos públicos, de organismos estatales o entidades privadas sin ánimo de lucro. "Alejan a las empresas privadas, un error contrario a la filosofía que propugna Ciencia y Tecnología", dijo.

Lissavetzky denunció que "el ministerio ha dejado sin gastar 1.020 millones de euros en los últimos tres años. Con sólo 100 de ellos se solucionaría el problema de los becarios".