Multadas 22 empresas alimentarias en 2002 por fraude al consumidor

Alterar la composición de los chorizos, engañar sobre la procedencia de los jamones o botellas de whisky o fingir que el pescado era de mejor calidad en la etiqueta que en la realidad. Éstos son algunos de los delitos cometidos el año pasado por las 22 empresas del sector de la alimentación sorprendidas por los inspectores de la Consejería de Sanidad defraudando al consumidor el año pasado.

En total, las compañías recibieron multas por importe de más de 100.000 euros. Un total de 1.632 kilos de pezqueñines fueron destruidos en operaciones llevadas a cabo en colaboración con el Servicio de Protección dela Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil porque el pescado era demasiado pequeño para ser comercializado.

Llenar el estómago de los 5,5 millones de madrileños y el de los turistas y visitantes de la región hizo necesaria la elaboración, transporte, almacenamiento y elaboración de más de seis mil millones de toneladas de alimentos y bebidas envasadas, (sin contar el agua mineral) durante 2002. Todos ellos pasaron por las manos de las 6.712 empresas alimentarias que el Gobierno regional tiene registradas en la Comunidad de Madrid.

Para asegurar que el comprador de una lubina pueda estar seguro de que es fresca, salvaje y gallega (y no congelada, de acuicultura y griega, por ejemplo), Sanidad cuenta con un equipo de inspectores que se ocupa de seguir la trazabilidad (esto es, el recorrido seguido por el alimento desde su origen hasta el mantel) y comprobar que la información de la etiqueta se corresponde con la realidad.

Al menos 22 compañías fueron sorprendidas por estos inspectores intentando defraudar al consumidor en las 537 actuaciones de control del fraude alimentario llevadas a cabo por la Dirección General de Salud Pública. Su responsable, Francisco de Asís Babín, presentó ayer la memoria de esta dirección general, en la que se desgranan el resto de actividades que lleva a cabo: vacunación, sanidad mortuoria, contaminación ambiental, control de brotes epidémicos, etcétera.

La mitad de las infracciones detectadas corresponden al sector de la pesca, que es el que más y más graves sanciones recibe. La información falsa o incorrecta en el etiquetado de los productos (especie comercializada, lugar de origen, técnica de captura...) costó a nueve de estas empresas sanciones que oscilan entre los 300 y los 12.000 euros.

Otras dos compañías, dedicadas al transporte y distribución de la mercancía, cometieron una falta aún más grave: obstruir la labor de los inspectores sanitarios y negarse a facilitarles la información requerida. Por ello recibieron sendas multas de 18.000 euros.

También por mentir sobre el origen y la calidad de los alimentos fueron sancionadas una empresa envasadora de patatas (1.200 euros de multa), una distribuidora de whisky (6.010 euros) y dos dedicadas al comercio de la harina (6.010 y 3.005 euros, respectivamente). A otra compañía le fueron inmovilizados, hasta que modificó el etiquetaje de sus productos, 2.300 jamones y 30 paletas de supuesto cerdo ibérico.

Las sanciones impuestas también abarcan el fraude en la fabricación del producto. Así, una bodega, una empresa láctea y un fabricante de chorizos fueron sorprendidos en 2002 vendiendo alimentos cuya composición no cumplía los estándares de calidad establecidos legalmente. Las sanciones impuestas superan en todos los casos los 4.000 euros.