Ayuda a la carta
Hace ya varias décadas que España se ha sumado al club de los países donantes de ayuda al desarrollo. El análisis en los últimos años de esta ayuda revela una serie de males endémicos, entre los que destaca la tendencia a crecer allí donde al Gobierno más le conviene y a disminuir donde más se necesita. La Conferencia de Donantes para la reconstrucción de Irak y la calidad de los fondos aprobados en ella nos han proporcionado el último ejemplo de una realidad palpable: el criterio que define el modelo de cooperación español no es el de la lucha contra la pobreza, sino el de los intereses políticos, geoestratégicos y comerciales.
La tendencia a cocinar la AOD española a la carta de unas motivaciones que poco tienen que ver con la erradicación de la pobreza se ha venido acentuando en los últimos tiempos. Según el informe La realidad de la ayuda 2003-2004, que Intermón Oxfam acaba de publicar, países como Afganistán, Pakistán o Irak figuran entre los principales receptores de ayuda española en los últimos años, mientras que el África subsahariana, la región más desamparada del mundo, ha quedado, de nuevo, relegada al olvido. El Ejecutivo español ha mantenido su prioridad por la cooperación con América Latina y con los países del sur del Mediterráneo, pero ha aumentado los fondos a Asia central, Extremo Oriente y Europa central y oriental, zonas no consideradas como prioritarias en nuestras políticas de cooperación. En cambio, la ayuda oficial al desarrollo (AOD) al África subsahariana ha caído de 167 millones de dólares en 1997 a 86 en 2001, siguiendo así la pauta de los países más ricos, que en la década de los noventa disminuyeron en un 40% sus donaciones al continente más pobre del planeta.
El informe revela datos que suenan a sarcasmo. Ya no es sólo que tendamos a ayudar menos a los países africanos, sino que últimamente, además, les cobramos. Coincidiendo con importantes crisis alimentarias en la región entre 2001 y 2002, Etiopía, Camerún y Uganda reembolsaron más de 23 millones de euros a España en concepto de devolución de créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo), que condicionan las ayudas al país receptor a la compra de bienes y servicios del país donante. Así, al tiempo que seis millones de etíopes dependían del auxilio exterior para sobrevivir a las sucesivas sequías y al conflicto con Eritrea, su Gobierno se veía obligado a pagar una deuda cercana a los tres millones y medio de euros a la Administración estatal española, que, por cierto, casi no aportó fondos significativos para afrontar esas emergencias. Que tres de los países más pobres del mundo, situados en un continente donde 28 millones de personas padecen el sida y más del 40% de los niños no van a la escuela, hayan financiado a España con 23 millones de euros es un gran desatino que refleja el rumbo equivocado de la política de cooperación de nuestro país.
Es indudable que el FAD (que aumentó un 27% en 2002) es cada vez más la herramienta preferida por el Gobierno para canalizar sus recursos al desarrollo. En el caso de la ayuda humanitaria (Irak es el ejemplo más evidente), está jugando el papel protagonista junto a otro actor que también merecería papeles más secundarios en este tipo de cuestiones: el Ejército. El peso tan desorbitado de un sistema que perpetúa la debilidad de otros instrumentos mucho más válidos en la lucha contra la pobreza y la intervención militar en tareas humanitarias (cuya eficacia y adecuación son más que discutibles) pone bajo sospecha la necesaria imparcialidad de la ayuda humanitaria. Si al eje formado por el FAD y las Fuerzas Armadas añadimos el cada vez menos relevante papel de la Agencia Española para la Cooperación Internacional (AECI), en teoría el principal gestor de la ayuda de nuestro país, el balance de la gestión en los últimos años resulta inquietante.
La escasez y el estancamiento de la AOD española son evidentes. El porcentaje del PIB que nuestro país destinaba a ayuda hace una década (un 0,28%) es el mismo que el Gobierno se ha fijado como previsión de este año, lo que nos aleja de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas fijados para 2015, por no hablar de ese 0,7% al que algunos de los gobernantes de los países del Norte parecen haber renunciado hace ya tiempo. Algunos datos son poco esperanzadores: de seguir la actual tendencia, y según advierte la ONU, el compromiso de reducir en dos tercios la mortalidad infantil en el África subsahariana no llegará hasta el año 2165.
Las organizaciones no gubernamentales venimos insistiendo desde hace tiempo en la necesidad de introducir cambios drásticos en la política de cooperación española. Doblar la cooperación con el África subsahariana, como prometió en su día José María Aznar; destinar a AOD el 0,39% del PIB en 2008 como paso previo al 0,7%, o reformar el modelo humanitario para acabar con el excesivo protagonismo del FAD y limitar el papel del Ejército a labores de interposición y seguridad, son sólo algunas de las propuestas que las formaciones políticas españolas deberían valorar. Aumentar la eficacia y la calidad de nuestra AOD nos dotaría, junto a decisiones valientes como la reforma de las reglas del comercio internacional o la condonación de la deuda externa, de verdaderas herramientas para luchar contra la pobreza en el mundo.
En plena efervescencia electoral, y camino ya del final de la actual legislatura, corresponde a los partidos empezar a reflexionar sobre la necesidad de crear un instrumento político que aplique un modelo de cooperación coherente. Ha llegado el momento de plantearse una estructura valiente de la cooperación española que incluya, por ejemplo, un nuevo Plan Director que mejore la calidad de la AOD y la creación de un Ministerio de Cooperación que contribuya con eficiencia en la erradicación de la pobreza en los países del Sur sin tener que claudicar constantemente ante intereses políticos, económicos o geoestratégicos. Emprender iniciativas de este calado supondría apostar de manera decidida por la cooperación al desarrollo y por los que necesitan nuestra colaboración. De mantenerse el rumbo actual, seguiremos teniendo una ayuda a la carta de los que sólo pujan por estar donde "políticamente" les conviene.
Ignasi Carreras es director general de Intermón Oxfam.
