El Estado deberá pagar 8,8 millones al PNV por sedes incautadas por Franco

El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a indemnizar al PNV con 8.808.894 euros por la incautación por las autoridades franquistas de seis batzokis (sedes sociales peneuvistas) durante la Guerra Civil. El alto tribunal estima en su sentencia que el PNV ha acreditado a través de "repetidos documentos" y testigos que las empresas propietarias de esas sedes sociales eran "meras fachadas" creadas para intentar proteger su patrimonio frente a las incautaciones. El Gobierno denegó las compensaciones porque no estaba acreditada la vinculación de esos dueños con el PNV.

Una de cal y otra de arena. El PNV ha recibido en menos de una semana dos resoluciones del Supremo en la que, por un lado, se le ha denegado una compensación económica (1.752.518.000 pesetas) por la "incautación" en plena ocupación nazi del edificio de la Avenue Marceau, 11 de París, sede del Gobierno vasco en el exilio, y dos inmuebles más en el país vecino, y, por otro, se le compensa por otra incautación.

Esta última resolución estima en parte el recurso del letrado del PNV, Guillermo Ibarrondo, contra la decisión del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2001 que denegó una compensación por la incautación de 11 batzokis. En el recurso del PNV se excluyó uno de ellos (el de Rentería).

La sentencia ha excluido ahora de la compensación otros tres, pero avala una compensación millonaria por seis batzokis y la restitución de la titularidad de su sede social en Algorta, ahora en manos del Estado.

Entre ambas sentencias del Supremo mediaron las declaraciones del presidente del PNV, Xabier Arzalluz, quien dijo el martes que en España se ha producido un "alineamiento de la Justicia" con las tesis del Gobierno del PP y se está derivando hacia un "Estado de excepción" judicial.

Pruebas concretas

La sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la que ha sido ponente el magistrado Segundo Menéndez, confirma las tesis de los recurrentes en seis casos. Los argumentos usados por el Gobierno para no compensar al PNV se basaban en que los nacionalistas no habían aportado "pruebas concretas" que pusieran de manifiesto "la realidad de la vinculación existente entre el partido político y las entidades titulares registrales de los inmuebles en que se ubicaron sus sedes".

Antes de la II República, la dirección del PNV decidió que todo su patrimonio inmobiliario destinado a actividades políticas "nunca fuera escriturado a nombre del partido". El PNV quería evitar que los decretos conocidos como "antiseparatistas", que provenían de la dictadura de Primo de Rivera, pudieran ser aplicados y suponer el cierre y la confiscación de bienes, como finalmente se produjo en la Guerra Civil.

El PNV pergeñó un "sistema complejo y tentacular, entrelazado y dependiente, del que colgaban diferentes sociedades mercantiles" que se utilizó para ese fin. Pero para poder acogerse a la Ley de 1998 por la que se compensan las incautaciones realizadas por los franquistas hay que probar las titularidades. El Gobierno, en su acuerdo, reconocía que esos inmuebles eran "utilizados" por el PNV, pero aseguraba que de ahí no "puede concluirse que fueran de su propiedad" y de hecho para el Ejecutivo no había quedado acreditada la vinculación entre el partido y esas sociedades mercantiles.

La sentencia, en cambio, considera lo contrario para los casos de Eibar (Guipúzcoa) y Lekeitio, Durango, Zorroza-Bilbao, Sondika y Zeanuri. Se da la circunstancia que la Sala para este último caso valora como material probatorio en favor del PNV una informe emitido en abril de 1955 por el gobernador civil de Vizcaya en el que se afirmaba: "Todos, absolutamente todos los bienes que adquirieron en esta provincia los organismos políticos separatistas lo fueron siempre a través de terceras personas que simulaban unas compras cuando la realidad era que tales adquisiciones habían recaído en organizaciones políticas de tal matiz, siendo precisamente el caso que nos ocupa [Zeanuri] uno más que viene a confirmar semejante conducta".

En los otros casos, la sentencia reconoce que las sociedades mercantiles tenían como finalidad "la protección del patrimonio real del PNV".

La resolución tiene un voto particular del magistrado Oscar González, ponente de la sentencia desestimatoria de los edificios reclamados por el PNV en Francia. El magistrado considera que la Sala rebasó el "ámbito de su función revisora" al definir el montante de la compensación por cada caso. La sentencia, por contra, da validez a las valoraciones de las Haciendas forales y las periciales privadas aportados por el demandante.