La privatización de la protección social

DOS INFORMACIONES provenientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sirven para hacer un análisis complementario de la sociedad española: el primero, hecho público la pasada semana, desvela que la presión fiscal subió en España en 2002 cuatro décimas (hasta el 35,6% del PIB), mientras que en la mayor parte de los países integrados en esa organización se redujo en el mismo periodo. El segundo señala que los niveles de gasto público social están muy alejados de la media europea.

Hace unas semanas, un informe de dos profesores de la Universidad Pompeu Fabra demostraba que el gasto social en nuestro país era menor que la media europea y que su porcentaje tendía a reducirse. Ello dio lugar a dos reacciones: un desmentido del ministro de Trabajo, y que en la presentación de los Presupuestos del Estado para 2004, el ministro de Economía incidiese especialmente en el crecimiento de ese gasto social.

Mientras sube la presión fiscal, el gasto social público está seis puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Este déficit se compensa por la acción de los hogares, lo que supone una privatización de la protección

Se hace público ahora un nuevo estudio que remacha las principales tendencias del trabajo anterior. Se titula Análisis y evaluación del gasto social en España, de los profesores Jorge Calero y Mercè Costa, editado por el Laboratorio de la Fundación Alternativas. Sus resultados son concluyentes: el gasto social público en España (más educación), estimado sobre la base de datos de la OCDE, se sitúa seis puntos del PIB por debajo de la media de la UE. Esta diferencia tan grande se compensa en parte por el gasto social privado (cuyo tratamiento es una de las carencias más significativas dentro de las investigaciones sobre la situación del Estado del bienestar español). El gasto social privado, efectuado directamente por los hogares, es en España más elevado que en la mayor parte de los países de la Unión Europea.

La desagregación del gasto social público y su comparación con los países de nuestro entorno es sumamente interesante: en primer lugar, la reducida presencia del gasto público social (24,25% del PIB) en España en relación, especialmente, con la UE (30,17% del PIB), pero también con el conjunto de la OCDE (26,58% del PIB, teniendo en cuenta que los valores correspondientes a México, Corea y Turquía reducen considerablemente esa media). En segundo lugar, que, dentro de la UE, únicamente Portugal e Irlanda presentan niveles de gasto social público más bajos que España; en esa ordenación, los países no europeos de la OCDE ocupan los últimos puestos, mientras que los países escandinavos y los que tienen un modelo continental del Estado del bienestar (Alemania, Austria y Francia) ocupan las posiciones más elevadas.

Hay otra comparación, basada en este caso en el gasto per cápita (en dólares de EE UU corregidos mediante paridades de poder de compra), que sitúa a España en una posición todavía más desventajosa: algunos países, como Canadá, Irlanda, EE UU y Japón, presentan valores de este indicador más elevados que el correspondiente a España, mientras que sus valores en el indicador anterior eran inferiores al español.

Las diferencias entre España y el conjunto de los países de la UE en cuanto a gasto social público son atribuibles, en su mayor parte, a los siguientes elementos: las prestaciones en especie (apoyo a la familia y a la vejez) suponen un gasto muy limitado en España; las prestaciones de apoyo a la familia (tanto en especie como en efectivo) son muy reducidas; tanto el gasto en programas activos de mercado de trabajo como el gasto en vivienda se sitúan en niveles lejanos de los de los países de nuestro entorno; el gasto en educación se sitúa en España un punto porcentual por debajo de la media europea. La evolución de este indicador a partir de 1998 ha incrementado esta brecha.

Más presión fiscal (debida sobre todo a los impuestos indirectos) y menos gastos sociales públicos reflejan un Estado poco solidario y redistribuidor, lo que sólo se compensa con el papel protector de las familias. Hay una privatización de la protección social.