El PSOE acusa al Gobierno de favorecer la falta de competencia en la gran distribución

El PSOE lanzó ayer proyectiles de calibre grueso contra el Gobierno por no frenar "la falsificación de la competencia" que, en su opinión, se registra desde hace cuatro años en la alimentación. El portavoz socialista de Agricultura, Jesús Cuadrado, aseguró que el Ejecutivo "favorece" a la gran distribución al permitir márgenes comerciales "escandalosos" a las grandes superficies y autorizar a grandes cadenas a actuar en España como no actúan en sus propios países. Cuadrado rechazó de plano que la subida de precios de los alimentos tenga relación con la ola de calor.

Cuadrado no tuvo pelos en la lengua al señalar a una de las grandes cadenas comerciales, Carrefour (cuyo consejero delegado es el ex ministro de Fomento Rafael Arias-Salgado), como ejemplo de lo mal que lo está haciendo el Gobierno español, responsable último de que la cadena de formación de precios de los alimentos esté "falsificada".

Según el diputado socialista, Carrefour, de origen francés, repercute a los consumidores franceses las bajadas de precios de los alimentos en origen y protege a sectores agrarios y ganaderos nacionales al aceptar "recomendaciones" de precios mínimos. Todo lo contrario, según Cuadrado, de lo que sucede en España, donde conviven caídas de precios en origen con subidas de precios finales para el consumidor.

Excepción española

España es, junto con Grecia, según los datos que manejan los socialistas, el único país europeo en el que las caídas de precios para los agricultores se traducen en múltiples ocasiones en subidas de precios para los consumidores.

Todo ello sucede, según el PSOE, con la connivencia del Gobierno español, que "favorece a los que ganan con esta situación" y adolece de una evidente falta de iniciativa para cortar con una situación que perjudica a la industria española de la alimentación y a los consumidores. Como ejemplo de lo que está sucediendo con los precios de los alimentos, y que no es achacable a la ola de calor del pasado verano, Cuadrado explicó que un litro de aceite de oliva virgen extra producido con técnicas ecológicas cuesta en origen 0,62 céntitimos que se convierten en 5,98 euros cuando llega al consumidor final. La diferencia de precio, del 865%, se repite en otros productos, dando lugar a márgenes "escandalosos".

Cuadrado salió también al paso de las teorías que apuestan por facilitar la implantación de más grandes superficies para favorecer la competencia al asegurar que las subidas de precios son mayores en las comunidades que, como Madrid, disponen de mayor número de supermercados e hipermercados.

Para acabar con la situación de descontrol, que lleva camino de convertir al humilde tomate en un producto de lujo, el PSOE propone el desarrollo de una Ley Agroalimentaria, con medidas de control de la competencia, más transparencia en la formación de precios (especificando los costes que inciden en cada tramo de la cadena en el precio final) y comunicación con los consumidores en tiempo real.

Además, el principal partido de la oposición aboga por reorganizar la oferta en origen, muy dispersa frente a una demanda agrupada en las grandes cadenas, y por combatir las prácticas "monopolísticas" que se están dando.

Doble etiqueta

Sobre la polémica de los precios de los alimentos, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, explicó ayer en Barcelona, según Efe, que la prueba piloto de doble etiquetado (el producto será marcado con el precio de origen y el precio final) se realizará, probablemente, con patatas. El ministro señaló que, no obstante, el doble etiquetado será más difícil de implantar en otros productos de alimentación como los cárnicos.

Arias Cañete también aludió a las diferentes estrategias que las grandes cadenas aplican en España y en este sentido reconoció que las grandes superficies europeas ajustan más los precios en el exterior.

El cruce de acusaciones y explicaciones se produce después de que el Gobierno haya anunciado la apertura de una investigación por parte del Servicio de Defensa de la Competencia para determinar qué sucede en el proceso de formación de precios en España. Esta medida, según la oposición, es insuficiente y recuerda las prácticas, inútiles, aplicadas desde el Ejecutivo en otras ocasiones.