España reclama un anticipo de la indemnización por el vertido de fuel

El Gobierno español solicitó ayer al Fidac (Fondo Internacional de Compensación por Daños debido a la Contaminación de Hidrocarburos) el anticipo de parte de la indemnización que se prevé a fecha de hoy que corresponderá a cada uno de los países afectados por el vertido de fuel del Prestige para agilizar el pago a las víctimas privadas. Los países socios de este organismo, presumiblemente, responderán esta misma semana.

El Gobierno español detalló ayer ante la reunión del Fidac en Londres que esta entrega anticipada de parte de la indemnización prevista a fecha de hoy por la marea negra, se debería efectuar bajo las siguientes premisas: se trataría de adelantos a cuenta, por tanto, si de la liquidación final se dedujera que a un Estado se le han anticipado más fondos de los que le corresponden, se devolverían tales excesos. España, no objeta que el Fidac actúe "conforme a lo habitual, realizando sus valoraciones de acuerdo a sus criterios y que de acuerdo con éstas se deduzca la liquidación final". España defiende como argumento añadido que "en ningún caso se anticipará el 100% del fondo", y, por tanto, que el Fidac se reserve un porcentaje suficiente para asumir el pago de las indemnizaciones de las víctimas que se dirijan directamente a este organismo.

El discurso del Gobierno español al Fidac incluye una sutil presión. "El interés del Estado español por esta propuesta se debe precisamente a que de la rapidez en la recepción de los fondos que le correspondan, depende la rapidez de los adelantos. De esta manera, se beneficia también el Fidac, al cual no se le podrá atribuir que paga poco y tardíamente". El Ejecutivo español ofrece toda suerte de garantías sobre el uso de tales anticipos: "Las cantidades que el Estado reciba del Fidac se destinarán en su totalidad a adelantar pagos a otros afectados, y no al propio Estado, que sólo hace de intermediario".

España no tiene empacho en sumar a dicha petición de adelantos un crítico análisis del Fidac. "La catástrofe del Prestige tiene dos características que ponen de manifiesto las debilidades del actual sistema del Fidac. Se trata de un caso que afecta a más de un país, pero sobre todo se trata de un siniestro cuyos daños superan con creces el importe actual del fondo". A este respecto, España recuerda que el comité ejecutivo del Fidac del pasado mayo cifró los daños en los tres países afectados (España, Francia y Portugal) en mil millones de euros, por lo que se autorizó un nivel de pagos que "pese a ser el más elevado posible, sólo alcanzó el 15%". El Fidac tiene un tope máximo de indemnización de 171 millones de euros. Y España teme que el nivel de los pagos no pueda aumentarse en "bastante tiempo" y que cuando ocurra sea para "alcanzar en cualquier caso niveles muy bajos". Los responsables del Fidac han tomado nota de la propuesta española, y se aprestan a su estudio y debate con los representantes de los restantes países socios.

Incertidumbre

Existe un margen de incertidumbre sobre el coste total de la tragedia, que alcanza ya los 990 millones, según las propias reclamaciones de los tres países tintados por el Prestige. "El director del Fidac, el sueco Mans Jacobbson, abriga todavía preocupaciones acerca de las cifras del Gobierno español respecto a los costes de las operaciones relativas a los restos del naufragio, teniendo en cuenta que no se ha adoptado una decisión sobre el método a emplear. El director cree que sería prudente incluir una cuantía adicional de cien millones para dar un margen de seguridad suficiente, dando un total de 1.100 millones". Este baile de cifras se produce por la prudente medición del coste de la extracción del fuel que plantea el Gobierno español (60 millones de euros), mientras que el Fidac maneja una horquilla que va "de 50 a 200 millones, dependiendo del método empleado".

El Fidac, por ahora, se ha negado a aumentar el porcentaje de indemnización sobre el total del daño causado por la tragedia. Este organismo entiende que su magnitud ha desbordado ya al Fidac y, sobre todo, ve aún prematuro aventurar el peso que ha tenido el chapapote en la temporada turística y el coste final que tendrá la extracción del fuel. Por todo ello, el monto de la indemnización máxima sigue siendo apenas 171 millones, frente a los 1.100 millones que se cree que ha costado la catástrofe a los tres países.

España ha cifrado los gastos ocasionados por el Prestige hasta el momento en 800 millones de euros.