El juez decreta prisión para dos condenados por el crimen del Maremàgnum que estaban en libertad

El magistrado-presidente del tribunal popular que ha juzgado a los acusados del crimen del Maremàgnum de Barcelona ha acordado esta mañana el ingreso "inmediato" en prisión provisional de los dos acusados que estaban en libertad, los porteros de la discoteca Mariano Romero y Antonio Fernando Quincoces.

Ambos fueron declarados culpables el pasado domingo del homicidio del ciudadano ecuatoriano Wilson Pacheco, muerto tras ser arrojado a las aguas del puerto después de recibir una paliza. El magistrado justifica la medida por el riesgo de fuga y la alarma social que generaría que siguieran en libertad.

El ex vigilante de seguridad del Maremàgnum Antonio Fernández Quincoces, quien, según su abogada, Yolanda Vara, intentó suicidarse el pasado domingo tras conocer el veredicto de culpabilidad del jurado y que ha permanecido ingresado en un psiquiátrico hasta hoy, ha respondido a las preguntas de los periodistas, tras salir esposado de la Audiencia de Barcelona camino de la cárcel, con dos palabras: "Quiero morirme".

"Esto no es normal"

Su abogada ha salido llorando de la vistilla que se ha celebrado esta mañana en la Audiencia de Barcelona y ha asegurado que "no esperaba" que el magistrado acordara el ingreso en prisión de su cliente porque "esto no es normal". En el caso de Fernández Quincoces, el juez ha ordenado su inmediato traslado a la cárcel bajo cuidados médicos psiquiátricos.

Tras esta decisión, los tres acusados de la muerte de Wilson Pacheco, incluido el autor material del lanzamiento al agua de la víctima, James Anglada, que está encarcelado desde febrero, están ya en prisión preventiva, puesto que sus abogados han anunciado que piensan recurrir la condena hasta llegar al Tribunal Supremo. El jurado popular consideró a los tres acusados culpables de homicidio involuntario.

Aún está pendiente conocer la pena que les imponga el juez, que oscila entre 10 y 15 años de cárcel. Después de dictarse el veredicto de culpabilidad por homicidio, la fiscal Rosana Martínez Lledó se reatificó en su petición de 13 años de cárcel para cada uno de ellos. En el mismo sentido se mostró la acusación popular ejercida por el Ayuntamiento de Barcelona. El abogado de la familia de la víctima, designado a instancias de SOS Racismo, sin embargo, solicitó la pena máxima de 15 años.