Policías locales montan guardia dentro de Minas de Riotinto para evitar nuevos cortes de agua

Una docena de policías locales montan guardia desde hace 72 horas en el interior de la empresa Minas de Riotinto (MRT), en Huelva, para garantizar el bombeo y la depuración del agua necesaria para abastecer a los 18.000 habitantes de la comarca. El dispositivo, que podría concluir hoy si prospera una toma alternativa, pretende evitar que se reproduzcan los cortes de agua que han sufrido los siete municipios de la zona en la última quincena sin aviso y sin causa técnica justificada. El regidor de Riotinto, José Manuel Delgado, atribuye las interrupciones a "una represalia y chantaje evidente por el corte de luz". Endesa interrumpió el pasado 2 de octubre su suministro a MRT, lastrada por las deudas y sin actividad minera.

El consejero delegado de MRT, Carlos Estévez, declaró ayer ante la Guardia Civil en relación con estos incidentes, que han dejado sin agua a la población en, al menos, seis ocasiones. Los más afectados han sido los vecinos de Riotinto (5.000 habitantes) y Campillo (2.700), aunque el suministro de agua que depende de las instalaciones de MRT afecta a toda la cuenca minera (18.000 habitantes).

En la denuncia presentada por la Mancomunidad de la Cuenca Minera se describen "supuestos sabotajes" en la red de abastecimiento, que tiene parte de sus infraestructuras en el interior de la empresa minera. El alcalde de Riotinto y presidente de la Mancomunidad, José Manuel Delgado (PSOE), el primero en denunciar a MRT ante la Guardia Civil por un delito contra la salud pública, está convencido de que las interrupciones se producen "en represalia y chantaje por el corte de luz".

Endesa, una de las mayores acreedoras de MRT, decidió cortar su suministro a la empresa minera el pasado 2 de octubre con el beneplácito de la Junta de Andalucía, según el regidor. Ese mismo día los vecinos sufrieron las primeras restricciones. En uno de los cortes el propio alcalde comprobó la existencia de "una válvula abierta" que vertía el agua sin control.

Las dudas sobre la intencionalidad se disiparon cuando el servicio de agua potable volvió a fallar poco después y la policía local descubrió que alguien había roto el precinto que habían colocado sobre la válvula.

Desde el pasado 2 de octubre las entradas policiales en las instalaciones de MRT se repitieron hasta seis veces, coincidiendo con otras tantas interrupciones en el suministro de agua. "Y cada vez entramos cortando el candado porque la empresa siempre se negaba a permitir la entrada", explica Delgado.

El alcalde sostiene que notificaron cada entrada a las instalaciones mineras tanto a la empresa como al juzgado de instrucción y que la medida, que en otro caso podría considerarse un allanamiento ilícito, se ajusta al dedillo al artículo 21 de la Ley de Bases de Régimen Local que autoriza la entrada en una propiedad privada ante una emergencia.

Delgado agotó su paciencia el sábado 18 al descubrir un nuevo corte, pocas horas después de la última entrada policial en los terrenos de MRT. "Reuní a todos los alcaldes de la mancomunidad de urgencia y decidimos presentarnos en la mina", recuerda. Los siete regidores (cinco del PSOE, una del PP y uno de Izquierda Unida) presentaron una denuncia conjunta ante la Guardia Civil contra MRT y acordaron montar un dispositivo policial en el que participaron 20 agentes de todos los ayuntamientos que cuentan con fuerzas de seguridad municipales.

"No es un capricho"

Así que desde el pasado sábado varios agentes vigilan las instalaciones de bombeo para garantizar el agua a la zona. "No es un capricho, es un dispositivo necesario e imprescindible para mantener el agua", subrayó ayer el jefe de la policía local de Riotinto, Francisco José Hernández. El operativo, sin embargo, podría suspenderse a lo largo de hoy si la Mancomunidad considera garantizada una toma alternativa a través de la empresa Riotinto Fruit SA, que se ha prestado a facilitar una conexión.

Por su parte, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Riotinto, que aglutina a más de 60 socios, estudia presentar una querella contra la empresa Giahsa por los daños que les han originado las suspensiones del servicio de agua. "No podemos entrar en esa guerra entre Giahsa y MRT, llevamos ya ocho años en los que han podido solucionar el problema", aduce el presidente Carmelo Rufo. Este diario intentó ayer, sin éxito, localizar a Carlos Estévez.