El Parlamento Europeo decide analizar el lunes el fraude de los precios agrícolas

La Comisión de Control del Presupuesto del Parlamento Europeo, la misma que analiza con lupa el escándalo Eurostat, decidió ayer introducir en su orden del día del próximo lunes el nuevo fraude europeo relacionado con la fijación de los precios de los cereales para la exportación. Según todos los indicios, el funcionario comunitario holandés detenido desde el miércoles pasado podría haber facilitado información confidencial de alto valor comercial estratégico a dos importantes firmas de cereales. Una de ellas es Union Invivo, el grupo cooperativo más importante de Europa, con sede en París.

El nuevo fraude se ha conocido esta semana tras casi dos años de investigación de la policía belga y de la Oficina Antifraude Europea (OLAF). K. B., el funcionario detenido, está acusado de corrupción, violación del secreto profesional y asociación de malhechores. Según fuentes de la Comisión Europea, K. B. podría haber informado con varias horas de antelación a las dos empresas involucradas no sólo del precio semanal que Bruselas fijaba para compensar a los productores en la exportación de cereales, sino también de la cantidad de toneladas en stock que, también semanalmente, se decidía desde Bruselas poner en el mercado.

Tal sistema habría permitido a ambas empresas, la radicada en París y otra radicada en Rotterdam cuya identidad no se ha dado a conocer, hacer competencia desleal a los demás productores de cereales, que reciben anualmente del orden de 260 millones de euros en subvenciones para la exportación.

El segundo detenido en esta vasta operación policial es un ciudadano francés que podría trabajar en Amberes (Bélgica) en relación directa con Union Invivo, una compañía creada a finales de 2001 que agrupa a 337 cooperativas, que se autodefine como "el primer grupo cooperativo europeo de compras, venta y servicios en el universo agrícola" y cuya cifra de negocio, según información propia, es de 2.800 millones de euros. De hecho, según la prensa francesa, los otros seis ciudadanos sometidos a vigilancia e interrogados por la policía en el seno de la misma investigación pertenecen también a este importante grupo cerealero, que ha admitido ser objeto de las pesquisas policiales.

Un portavoz oficial del Parlamento Europeo aseguró ayer que la Comisión de Control del Presupuesto tratará el lunes no sólo este asunto, sino también el de Eurostat, el gran escándalo que más inquieta ahora a Bruselas al haberse descubierto en sus oficinas de Luxemburgo una caja B, cuentas ocultas y contratos ficticios y abultados. Sobre este asunto, la OLAF tiene todavía que presentar públicamente su informe, que será revisado por esta comisión parlamentaria. Se desconoce todavía la fecha en la cual estará disponible tan esperado documento.

Dos años de investigación

La Comisión Europea asegura haberse enterado del presunto fraude cerealero el pasado miércoles, el mismo día en que se puso en marcha la operación policial que movilizó a 140 agentes simultáneamente en Bruselas, Rotterdam y París. Pero, al mismo tiempo, admite que sus servicios centrales administrativos, dependientes del vicepresidente Neil Kinnock, fueron informados de las investigaciones en 2001 bajo la condición de mantener la confidencialidad de tal información.

Durante estos casi dos años, por tanto, el funcionario ahora detenido habría podido mantener su turbio negocio desde dentro de la Comisión. "Nos dijeron que no reaccionáramos porque podríamos poner en riesgo la investigación", asegura el portavoz de Kinnock. "No podíamos hacer otra cosa". El miércoles pasado, una vez iniciada la operación policial, la Comisión decidió relevar de su puesto a otro funcionario de mayor categoría que la del detenido como "medida preventiva", ya que, de momento, no hay ninguna acusación formal contra él. Este funcionario podría estar relacionado con la política del sector avícola, en el que también tiene intereses Union Invivo.

La Comisión advertía ayer de que en este caso no se ha dañado a los fondos europeos, aunque admite que sí se ha podido producir un desvío de los mismos para beneficiar a dos empresas concretas. Por esta razón se aprestó a levantar la inmunidad al funcionario detenido cuando las autoridades judiciales belgas lo demandaron.