Bruselas exige a España que aplique la directiva sobre quiebras de aseguradoras

La Comisión Europea lanzó ayer un ultimátum a las autoridades españolas para que se incluyan en la legislación nacional los términos de la normativa comunitaria que protege a los asegurados frente a la quiebra de las compañías de seguros. La directiva fue aprobada en 2001, y el plazo de trasposición venció en abril de este año. Bruselas da dos meses de plazo a Madrid para que trasponga la ley comunitaria, y, si no lo hace, llevará el expediente ante el Tribunal de Justicia de la UE.

A día de hoy, tan sólo cinco países europeos han respetado el plazo de trasposición de esta directiva sobre liquidación de compañías de seguros que tienen sucursales en varios Estados miembros. Alemania, Francia, Bélgica, Finlandia, Grecia, Luxemburgo, Holanda, Suecia y Reino Unido también recibieron, junto a España, la reprimenda de la Comisión Europea. Bruselas asegura que ninguno de estos países ha notificado la adopción de medidas.

Con la normativa europea se establece un procedimiento único de liquidación de la aseguradora en toda la UE, por lo que la quiebra del conjunto de la compañía se regirá siguiendo los procedimientos iniciados en el Estado miembro donde aquélla tiene su domicilio social. La directiva garantiza la protección de los asegurados y de otro tipo de acreedores ante un proceso de liquidación, dándoles un trato preferente.

Brulseas recuerda a los diez país incumplidores que fueron ellos los que establecieron "los plazos de ejecución para esta directiva". "Si no se respetan los objetivos que ellos mismos han marcado, su credibilidad y la de la UE se ve seriamente disminuida", según el comisario de Mercado Interior, Frits Bolkestein. La Comisión aprovechó la ocasión para pegar un nuevo tirón de orejas a los Estados miembros ante el "déficit de ejecución" de las directivas que vertebran el mercado interior.

Ese déficit de trasposición se sitúa en la actualidad en el 2,8% de la legislación en vigor, el doble del objetivo fijado por los jefes de Estado y de Gobierno en el proceso para hacer de la UE la economía más competitiva del mundo en 2010. Además, Bolkestein señaló que "la aplicación tardía de las medidas del mercado interior implica menos oportunidades para empresas y profesionales y menos opciones para los ciudadanos que quieran comprar sus productos y utilizar sus servicios".

Las autoridades españolas disponen ahora de un plazo de dos meses para explicar ante los servicios del comisario Bolkestein las razones que avalan este retraso. Si los argumentos de Madrid no convencen a Bruselas, se presentará un recurso ante la Corte Europea para que resuelva el caso.