Ciutat Vella tendrá urinarios públicos en bajos y subterráneos controlados

Ciutat Vella tendrá urinarios públicos. Pero no en casetas o cabinas, sino en instalaciones que estarán controladas y que se situarán en bajos y subterráneos. La ubicación no está decidida todavía, pero la decisión ya está clara, según lo manifestado ayer por el concejal del distrito, Carles Martí. Fue la respuesta a una de las preguntas formuladas por el grupo de Convergència i Unió en el plenario del Ayuntamiento de Barcelona.

En el plenario estuvo presente la sombra de las elecciones autonómicas en varios de los debates, a propósito de la vivienda o de la seguridad. ¿Cómo es posible dejar Barcelona para el final en el despliegue de los Mossos d'Esquadra?". La pregunta la formuló el concejal de Presidencia, José Cuervo, en una discusión entre el equipo de gobierno y oposición sobre la plantilla de la Guardia Urbana. Mientras CiU y PP pedían un incremento importante de la Guardia Urbana, Clos insistió en que la plantilla de la policía municipal - de 2.280 agentes- está asumiendo cada vez más las funciones de seguridad "por las deficiencias de otros cuerpos. No se puede estar supliendo las carencias del Cuerpo Nacional de Policía y, a la vez, el retraso de la llegada de los mossos". Los socialistas abundaron en el hecho de que parece que los problemas de seguridad se han solucionado en L'Hospitalet, Badalona y Santa Coloma, que ya cuentan con una buena dotación de mossos. En el caso de Barcelona, el despliegue no está previsto, a efectos prácticos, hasta primeros de 2005 y el consistorio urge que se adelante ante la marcha del Cuerpo Nacional de Policía: "Lo que no vamos a propiciar es que sea el ciudadano de Barcelona el que pague a más guardia urbana para paliar las deficiencias de otros cuerpos de seguridad", concluyó Clos.

El equipo de gobierno presentó ayer una batería de propuestas en materia de vivienda como una deducción del IRPF del 20% por el alquiler de un piso con un límite de 9.000 euros. Otra medida es la de introducir una deducción fija de 600 euros en el tramo autonómico de la cuota del IRPF para las familias con ingresos menores de 21.000 euros anuales. El grupo municipal del Partido Popular amenazó ayer al equipo de gobierno con llevar a los tribunales el decreto de alcaldía que concentra las funciones de la comisión de gobierno del distrito de Sarrià-Sant Gervasi en la concejal socialista, Katy Carreras. Clos explicó que se trata de una medida provisional para garantizar la gobernabilidad del distrito "a la espera de que se llegue a un acuerdo para formar la comisión de gobierno".