Las promesas de cambio no frenan la protesta en Bolivia

El anuncio de un cambio de política por parte del presidente boliviano, Gonzalo Sánchez de Lozada, llega tarde. El país andino es hoy un clamor que exige la dimisión del mandatario, que ha batido todas las marcas de impopularidad. Miles de indígenas, campesinos, mineros, estudiantes y ciudadanos de toda condición marcharon ayer desde diversos puntos hacia el centro de La Paz con un único objetivo: la renuncia del Goni, apelativo del presidente.

A los que Gonzalo Sánchez de Lozada califica sin ningún rubor de narcotraficantes y anarquistas son los pobres que nunca fueron escuchados y que poco saben de drogas y de política.

En la situación de desobediencia civil generalizada, el supuesto golpe de timón que pretende dar el presidente en su política es papel mojado. El compromiso de convocar sin fecha un referéndum consultivo por departamentos sobre la política del gas (que la Constitución no contempla), la revisión de la controvertida ley de hidrocarburos con las empresas, la incorporación de la asamblea constituyente al régimen constitucional y la voluntad de preservar la democracia suenan hoy a música celestial para muchos bolivianos, a pesar de que son algunas de sus principales reivindicaciones.

El presidente y sus ministros siguen empecinados en aferrarse al poder, apelando a la legitimidad de un Gobierno que es cuestionado desde todos los frentes. Las movilizaciones como la de ayer en La Paz, capital del país, son cada vez más multitudinarias, y la protesta se extiende a otros sectores. Evo Morales, líder indígena y diputado opositor del Movimiento al Socialismo (MAS), ha rechazado la propuesta del Gobierno, aunque la revuelta ha alcanzado tal magnitud que ha rebasado incluso a los dirigentes más conocidos, y hoy los manifestantes sólo parecen atender a los llamamientos de los líderes de las juntas vecinales, que proliferan por doquier.

Los últimos en incorporarse al repudio del mandatario han sido los intelectuales, artistas, integrantes de organizaciones humanitarias y representantes de la Iglesia católica. Por iniciativa de la ex defensora del pueblo Ana María Romero de Campero han convocado a una huelga de hambre masiva en todas las iglesias de Bolivia hasta que Sánchez de Lozada abandone el poder.

Los dirigentes políticos del oficialismo han comenzado a emplear otro lenguaje. Su último mensaje es que el Parlamento se dispone a discutir a partir de mañana las cuatro propuestas del presidente en el manifiesto que leyó el miércoles por la noche. Para que el Congreso pudiera reiniciar las sesiones sus señorías tendrían que encontrar expeditas las rutas hacia La Paz. La capital boliviana es hoy una ciudad aislada, con el aeropuerto internacional cerrado desde hace cinco días, los accesos bloqueados por todo tipo de barricadas, sin transporte público, y con las actividades paralizadas. El Colegio de Médicos de La Paz se ha declarado en estado de emergencia ante el temor a nuevas matanzas y ha hecho un llamamiento a donar medicinas, sueros y vendas a los hospitales. Asimismo, ha pedido a todos los médicos que permanezcan en alerta.

Barreras de manifestantes

No parece posible, en estas condiciones, que los congresistas puedan sentarse tranquilamente mañana en sus escaños. Porque si alguno de ellos pudiera llegar hasta el centro de la ciudad tendría que franquear las barreras de manifestantes que no les recibirían precisamente con los brazos abiertos.

El alcalde de La Paz, Juan del Granado, del Movimiento Sin Miedo (escisión del Movimiento de Izquierda Revolucionaria), lo resumió en pocas palabras: "Lo que dijo el presidente debía haberlo dicho hace 20 días. Él ya no puede cumplir esta agenda. Tiene que dimitir y dar paso a un Gobierno de unidad nacional presidido por el vicepresidente de la República".

Por su parte, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia lanzó un llamamiento para evitar nuevas víctimas y ratificó su posición de defensa de la institucionalidad democrática, que considera en riesgo. El presidente de esta patronal, Carlos Calvo, declaró a los periodistas que el "derramamiento de más sangre debe servir para empezar a abrir los ojos y oídos" a fin de encontrar soluciones a los problemas de la nación.

El mecanismo sucesorio que contempla la Constitución señala como primera alternativa al vicepresidente, pero quien ocupa el cargo, Carlos Mesa, mantiene una actitud ambigua que no despeja los interrogantes sobre el futuro institucional de Bolivia. Crece la opinión de que Mesa debería asumir de manera interina la Presidencia tras la renuncia de Sánchez de Lozada. En un mensaje dirigido a la nación, el vicepresidente dijo que no aceptaba ser instrumento de nadie, ni del Ejecutivo ni de la oposición, criticó la violencia y la represión desencadenada por el Gobierno, pero reiteró que se mantiene firme en su puesto.

A sabiendas de que está llamado a pilotar la transición, Mesa guarda una prudente distancia de Sánchez de Lozada y de los dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el ex presidente Jaime Paz Zamora, y de Nueva Fuerza Republicana, Manfred Reyes Villa, que comparecieron el miércoles por la noche junto al primer mandatario para leer el Manifiesto al pueblo de Bolivia.