La Fiscalía pide cárcel para los cinco imputados en la tala masiva de Baza

El juicio contra cinco personas imputadas por la tala de 12.000 árboles en el parque natural de Baza durante 1999 comenzó ayer en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada. El fiscal pide cárcel para todos.

El juicio trata de dilucidar si el corte de más de 12.000 árboles fue ecológicamente necesario para retirar ejemplares muertos o enfermos y sanear así la sierra, como defienden los imputados, o en realidad, como sostiene la Fiscalía, se trata de una tala de árboles en buen estado con el único propósito de conseguir un beneficio económico con la venta de la madera.

El juicio comenzó ayer con la declaración de dos de los inculpados y se espera que quede visto para sentencia a finales de este mes, cuando haya pasado por la sala de vistas más de medio centenar de personas entre testigos y peritos.

La Fiscalía considera culpable de malversación, desobediencia, prevaricación y de dos delitos ecológicos al ex director del parque José María Irurita Fernández, para quien solicita 13 años y 11 meses de cárcel, 27 de inhabilitación y una multa de 7.380 euros. Irurita defendió la tala como necesaria, porque se trataba de ejemplares enfermos que podrían propagar plagas, y negó ningún aprovechamiento económico porque la madera estaba "muerta y deteriorada".

Salcedo

A Rafael Salcedo, entonces Delegado de Medio Ambiente en Granada, se le acusa de "negligencia injustificable" en su cargo y de "amparar los hechos, sin hacer nada por impedirlos, pese a ser informado y alertado". Salcedo se enfrenta a una pena de 14 meses de prisión y 2.700 euros de multa. El ex delegado defendió que él era un político que poco o nada sabía sobre el fondo técnico o biológico de las decisiones. Salcedo mantuvo la tesis de una "total confianza en sus técnicos".

Los otros acusados son el jefe de Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para el que la Fiscalía pide dos meses de cárcel, así como dos responsables de Muebles Senes Torres, que, según la Fiscalía, se extralimitaron para conseguir "un beneficio económico ilícito" y que se enfrentan a 13 años y ocho meses por delito ecológico, malversación de caudales públicos y desobediencia.