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Sólo seis proyectos se acogen a la ley contra el minifundismo agrario

Cuatro de estas iniciativas reciben ayuda para cultivar en común

En noviembre hará un año de la aprobación de la denominada Ley del Minifundismo, con la que se pretende luchar contra la excesiva parcelación del campo valenciano. La norma incluye incentivos a la permuta y venta de tierras y ayudas al cultivo y la explotación en común. Este año, sólo seis proyectos se beneficiarán de las mismas, cuatro de ellos para el cultivo en común. Las seis iniciativas suman 641 hectáreas.

La Consejería de Agricultura confía en que cada año se presenten más iniciativas dirigidas a cultivar la tierra en común-en la que cada agricultor mantiene la propiedad de la tierra-o a la explotación en común- que supone la cesión de la titularidad de las exportaciones durante un plazo mínimo de diez años. Y la próxima convocatoria de estas ayudas, la correspondiente al año 2004, está prevista para principios del próximo mes de noviembre. El año pasado, de hecho, la propia consejería de Agricultura dio un plazo de cinco años para que la Ley de Ordenación y Modernización de las Estructuras Agrarias (más conocida como ley del minifundismo) se reflejara en la reorganización de la tierra.

La primera convocatoria de ayudas para el cultivo y la explotación en común se realizó unos meses antes de que se aprobara la propia ley contra el minifundismo, con el fin de aprovechar los 16,2 millones de euros destinados en 2002 a intentar reorganizar el fuerte minifundismo agrario valenciano, según explicó en su momento el departamento agrario del Consell. Con estas iniciativas se intenta corregir los perjuicios que conlleva la fuerte parcelación de los cultivos valencianos y se busca la rentabilidad de esta actividad.

En la convocatoria de 2003, la primera tras la aprobación de la ley, seis proyectos se han beneficiado de esta línea de ayudas, según datos del departamento que dirige Gema Amor. De ese total, cuatro proyectos corresponden a iniciativas de cultivo en común. Estos proyectos corresponden a una cooperativa de la Vall d'Uixó (cítricos), otra de Ademuz (fruticultura de secano) , y dos de Alicante (cerezas y olivo), que en conjunto suman algo más de 200 socios y 534 hectáreas de superficie de cultivo. Las otras dos restantes, promovidas por una Sociedad Agraria de Transformación de Bolbaite (Valencia) dedicada a la horticultura y por una cooperativa olivarera de Rosell en Castellón. Entre los dos proyectos, dirigidos a la explotación en común, aglutinan a 26 socios y 107 hectáreas de superficie de cultivo.

la Consejería de Agricultura explica que además de estos seis proyectos se presentaron 3 ó 4 más, que fueron desestimados por falta de documentación o porque el proyecto en común no "estaba maduro". También explica que se están ultimando otros tres proyectos, que entrarán en la convocatoria de ayudas del año próximo. En conjunto, el desarrollo de los proyectos de cultivo y explotación en común aprobados para este año supondrá una inversión total de dos millones de euros, de los cuales la consejería de Agricultura pondrá la mitad.

Agricultura recuerda que con estas ayudas, que los beneficiarios pueden volver a solicitar en próximas convocatorias, se pretender "reducir los costes de producción" al racionalizar los medios y lograr una agricultura viable, más "moderna y competitiva".

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El minifundismo es uno de los principales problemas del campo valenciano. De hecho, en su reciente comparecencia ante de las Cortes Valencianas, la consejera de Agricultura, Gema Amor, mencionó como una de las líneas básicas en su política para los próximos cuatro años la lucha contra el minifundismo. Amor, en este punto, anunció un programa de redimensionamiento de explotaciones que prime "en todo tipo de convocatorias de ayuda, a las explotaciones resultantes de procesos de concentración de tierras o de la puesta en común de cultivos.

Una apuesta con críticas

La aprobación de la ley contra el minifundismo, hace un año, no estuvo exenta de críticas y una parte del sector agrario valenciano aseguró que si bien la norma era positiva porque el cultivo y la explotación en común abaratarían costes, no sería muy efectiva contra la estructura minifundista del campo valenciano. Defendieron en aquel momento que la apuesta debía ser más decidida para conseguir un punto de inflexión en lo que es uno de los grandes lastres del campo valenciano y de su rentabilidad.

En la Comunidad Valenciana hay mucho trabajo por delante. La última encuesta publicada, hace unos años, por el Instituto Nacional de Estadística sobre la estructura de las explotaciones agrarias concedía a la Comunidad Valenciana el título de autonomía con una agricultura más minifundista. Como ejemplo, algo más del 16% de las explotaciones españolas tienen entre cinco y diez hectáreas mientras que en la Comunidad Valenciana este porcentaje rondaba el 10%.

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