Aquí hay tomate

El Gobierno está asustado. El precio de los alimentos frescos está fuera de control. Los tomates, las judías verdes, las lechugas, algunas frutas, carnes y pescados, acumulan subidas en un año superiores al 25% y en torno al 50% en muchos casos. La ola de calor del pasado verano explica en parte la carestía. Es cierto que hay menos kilos de producto a la venta, pero eso no justifica por qué en estos momentos un tomate español cuesta en Berlín o Francfort la mitad que en Madrid, Sevilla o Bilbao, después de haber recorrido media Europa.

Aparentemente sorprendido por la situación, que sin embargo se arrastra desde hace años, el Ministerio de Economía ha encargado al Servicio de Defensa de la Competencia que investigue el exagerado aumento de los precios. Todo antes de que la famosa fiesta de la tomatina de Buñol (Valencia), en la que cada agosto se arrojan a las calles cientos de miles de kilos de tomate, tenga que celebrarse con cáscaras de pipas.

En frutas y hortalizas, la diferencia entre precio final y de origen puede llegar al 300%

Las grandes cadenas comerciales mantienen islas de pérdidas en océanos de beneficios

La gran distribución asegura que no sobrepasa el 2% de beneficio por producto

Mientras el Servicio de Defensa de la Competencia, organismo sin capacidad sancionadora dependiente de Economía, obtiene conclusiones, productores, organizaciones agrarias, exportadores y hasta el mismísimo Banco de España parecen haber detectado dónde está el problema: entre productor y consumidor hay magos ("nada por aquí, nada por allá"), intermediarios, que convierten un modesto tomate de ensalada de a 80 céntimos el kilo en un brillante y tentador objeto de a tres euros los mil gramos. En frutas y hortalizas, la diferencia entre el precio de origen y el final puede ser de hasta el 300%.

El milagro de los panes y los paces, traducido a euros, amenaza con destrozar el sensible índice de precios al consumo (IPC), pilar de la estabilidad económica, y sacar los colores al equipo económico del Ejecutivo en plena carrera electoral. Pero corregir el problema no es fácil. Los precios de los alimentos, al contrario, por ejemplo, de lo que sucede con la luz, son libres. La Administración sólo puede actuar si detecta actuaciones contrarias a la competencia.

Y así, mientras se busca el camino para intervenir, se mantienen situaciones llamativas. Por ejemplo, productos como la leche o el aceite, que en teoría sufren más procesos de transformación e intermediación hasta su llegada a las estanterías, se venden relativamente baratos, incluso por debajo de coste. Mientras, grandes cadenas de supermercados e hipermercados, que compran directamente el producto fresco en origen para abaratar costes y eliminar intermediarios, mantienen o suben sus márgenes comerciales (diferencia entre lo que paga al agricultor y el precio de venta al público) con independencia de la buena o mala cosecha.

¿Cómo se ha llegado a esta situación de descontrol? El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Fernando Moraleda, apunta a una mezcla de razones: "Concentración en el comercio, ausencia de una relación contractual mínima productor-comprador, presiones de los grandes grupos para favorecer una legislación estatal que amplíe los horarios comerciales, limitados por normativas autonómicas y ausencia de una competencia real en el sector comercial".

Sin llegar a tanta disección del problema, el Observatorio de Precios de la Alimentación (constituido por ministerios, consumidores, productores y comunidades autónomas) advirtió ya en junio de 2002 que "los márgenes comerciales de la cadena de distribución tienden a incrementarse aún más cuanto menor es el precio del producto primario". Más aún, el Observatorio constataba, alarmado, que "el diferencial entre precios en origen y el consumo es alto y constante con independencia de las menores cotizaciones al productor". Consecuencia: la situación "se traduce no sólo en una pérdida de rentas de los productores, sino también en una situación desfavorable para el consumidor".

Más recientemente, el Banco de España, en su Boletín Económico del mes de junio, apuntaba hacia uno de los focos del problema: "Los mayores incrementos de precios [de los alimentos], comparando los registrados por un mismo producto en tres tipos de establecimientos [tradicionales, supermercados e hipermercados] se dan, para la mayoría de los alimentos, en los hipermercados". "Esto podría ser indicativo", proseguía el banco emisor, "de que los hipermecados podrían estar aumentando márgenes y reduciendo su ventaja comparativa en precios".

Y es que los analistas del Banco de España distinguen dos etapas claras en la estrategia seguida en España por las grandes cadenas de supermercados e hipermercados, que, según el Ministerio de Agricultura, tienen una cuota de venta en alimentos frescos del 41%.

La primera fase, hasta el año 1996, habría estado caracterizada por las ganancias de cuota de mercado y, como contrapartida, un ajuste muy intenso de los precios. La segunda fase (1996-2001) se caracterizaría por un ajuste de precios menos intenso, un proceso de expansión ralentizado y una ampliación de los márgenes comerciales.

Es decir, completada la transformación del sector comercial (las tiendas tradicionales en los años ochenta tenían una cuota de mercado del 50%, que ha caído al entorno del 30%) y asumido el proceso de concentración de su actividad, los grandes centros parecen haber decidido que es el momento de apurar las ganancias al límite. Eso, al margen de que mantengan atractivas ofertas de precios en productos concretos, como leche o aceite (por cierto, con fuerte impacto en el IPC). Una estrategia que, según explica el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, Javier Casares, fue definida por el teórico estadounidense Bernardo Trujillo como el "el mantenimiento de islas perdidas en océanos de beneficios".

Casares observa, en el espectacular incremento de los precios de la alimentación, el resultado de la suma de varios factores: el aumento márgenes comerciales, el impacto de las crisis alimentarias, la creación de un mercado "marquista" (el consumidor quiere productos de marcas conocidas) con preferencia por alimentos enriquecidos y la influencia de circunstancias coyunturales.

Pero sobre todas las explicaciones planea un hecho que también fue recogido en el estudio del Banco de España del mes de junio: "Se están consolidando los monopolios locales porque las grandes superficies tienen dificultades para crecer y se expanden mediante absorciones y compras de comercios ya establecidos".

Los productores son los más beligerantes a la hora de señalar un culpable: la distribución, es decir, los puntos de venta de alimentación, especialmente las grandes superficies. Éstos niegan las acusaciones y argumentan que sólo se les señala porque son quienes marcan el precio más visible, el que finalmente abona el cliente.

La Federación Española de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) lo tiene claro. Su director, José María Pozancos, acusa a los comercializadores de vender los productos con un margen de beneficio fijo, independientemente de la oferta que exista en el mercado. "El problema es que cuando hay un exceso de oferta no se reducen los precios", explica Pozanco, para quien esta práctica tiene "claros efectos inflacionistas".

Fuentes del sector defienden que el margen que los distribuidores imputan al producto una vez adquirido puede llegar hasta el 50% de su valor, aunque el porcentaje varía según la materia. Las mismas fuentes aseguran que, en función de las existencias, la ganancia de los comercializadores puede oscilar cinco puntos arriba o abajo, pero no más.

El responsable de los productores y exportadores de frutas y hortalizas asegura que no es en este proceso de la cadena en el que se hinchan los precios. "La oferta está muy atomizada; a ver cómo se ponen de acuerdo los agricultores de diferentes sitios. Es imposible manipular los precios".

Los distribuidores rechazan las acusaciones de los productores, aunque tampoco mantienen una postura unitaria. Donde existe mayor acuerdo es en la negación de los márgenes que les atribuyen los productores. "Ya nos gustaría", asegura Miguel Ángel Fraile, secretario general de la Confederación Española de Comercio, que representa a 400.000 negocios tradicionales. Un portavoz de Anged, patronal de la gran distribución, que engloba a cadenas como El Corte Inglés, Alcampo o Carrefour, asegura que, en líneas generales, no sobrepasan el 2% de beneficio por producto. "La visión de los productores es totalmente interesada", sentencia Ignacio García, de Asedas, organización que representa a los supermercados, con socios como Ahold, Ahorramás o Caprabo.

No obstante, Anged reconoce que las grandes superficies mantienen un margen fijo sobre el producto: "Si sube la patata [en origen], la subimos, pero si baja, por ejemplo, 30, nosotros bajamos 10 porque los gastos de los intermediarios [transporte, envasado...] siguen fijos", asegura su portavoz. Asedas matiza que el margen se mantiene en circunstancias normales, pero no cuando las circunstancias climatológicas determinan una oferta escasa: "Lo que no hace ninguno es aumentar su margen en esos casos".

A partir de ahí, todo son diferencias entre los distribuidores. Anged alega que, al controlar sólo el 11% de ese mercado, su actividad tiene poco efecto inflacionista. La Confederación del Comercio esgrime que el pequeño comerciante tiene menos capacidad de fijar precios, ya que las cantidades que compra son mucho menores a las de los hipermercados. Y éstos arguyen que el descontrol de los precios debe darse en aquellos que más venden. La Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas niega cualquier responsabilidad en la subida, pese a que engloba a una gran variedad de industrias que utilizan los productos frescos como materia prima.

Tanto productores como distribuidores esperan conocer las conclusiones de la investigación que anunció la semana pasada el Ministerio de Economía. "Es verdad que hay que dar más transparencia a este mercado", admite el representante de los supermercados. Para Fepex, la solución a esta escalada de precios requiere que el Gobierno sea capaz de detectar si se está conculcando la libre competencia y ponga medidas para evitarlo.

Todas las organizaciones agrarias coinciden en rechazar cualquier responsabilidad del sector. En esta línea consideran que los agricultores son los primeros paganos del comportamiento alcista del IPC al abonar subidas importantes por los medios de producción y recibir precios a la baja por sus productos.

Pedro Barato, presidente de Asaja, apoya la decisión de Economía de clarificar los márgenes comerciales en el conjunto de los productos agrarios y que se diga a la sociedad quién se lleva los beneficios del campo. Considera que se trata de una vieja denuncia planteada por su organización.

Para el secretario general de UPA, Fernando Moraleda, lo que está sucediendo con la comercialización de los productos agrarios supone una clara alteración de los precios y merece una investigación profunda para definir responsabilidas. El responsable del sindicato estima que no hay explicación posible a la subida de márgenes cuando bajan los precios de los productos agrarios

Desde COAG se indica que las últimas subidas no se pueden achacar solamente a las condiciones climatológicas, al calor. En su opinión, son indispensables medidas estructurales para lograr una regulación correcta y evitar que la producción esté en manos de unos oligopolios.

El Ministerio de Agricultura, por su parte, tira balones fuera al abordar el problema. Su responsabilidad, sostiene, se limita a los precios agrarios en origen, que han tenido un comportamiento normal, solamente afectado, de forma excepcional, por la ola de calor que provocó recortes en la oferta. El resto del proceso de comercialización, aclara, corresponde al Ministerio de Economía.

Desde Agricultura se insiste en que cuando suben los precios en origen, esa subida se repercute rapidamente en los precios al consumidor, mientras cuando bajan los precios en origen hay una gran resistencia a la bajada.

El Ministerio que dirige Miguel Arias Cañete convocó a finales de septiembre un pleno del Observatorio de Precios para el próximo día 14 d e octubre. Agricultura estima que el Observatorio hace solamente un trabajo de seguimiento de precios, pero que no tiene ninguna capacidad para decidir nada sobre la evolución de los mismos.

Información elaborada por Santiago Carcar, Vidal Maté, Lucía Abellán y Cristina Galindo.