Las academias acusan a la Administración de poner en peligro su supervivencia

Los centros de enseñanza no reglada en el País Vasco consideran que la retirada de las subvenciones públicas pone en peligro su supervivencia. Las academias señalan que la pérdida de ayudas económicas en favor de los centros cívicos que imparten clases de nuevas tecnologías y la "flexibilidad" en la apertura de nuevas empresas son los motivos principales de la crisis que están sufriendo en el último año.

"La política del Gobierno vasco y de las diputaciones es competencia desleal. La situación de los centros es muy crítica. Se están cargando el mercado", asegura Uxue Esparza, portavoz de la Federación de Centros de Enseñanza no reglada de Euskadi.

La federación, con 450 centros asociados y 40.000 alumnos matriculados, está estudiando recurrir al Servicio de Defensa de la Competencia para que determine la posible existencia de competencia desleal y, en su caso, acudir a los tribunales.

Estos centros ofrecen una amplia y variada lista de disciplinas y carreras no oficiales, en las que al término de los estudios no se imparte un título homologable. Sin embargo, desde hace años han servido como formación alternativa o complementaria a miles de estudiantes.

Los centros fueron hasta el año 2000 prácticamente los únicos que impartían clases sobre la utilización de Internet, pero el incremento de la demanda propició un cambio de estrategia institucional. El Gobierno vasco desarrolló varias campañas para acercar el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías y el pasado año estableció un convenio de colaboración mediante el cual se subvencionaba a aquellos centros no reglados que, cumpliendo una serie de requisitos, incorporaran Internet a sus enseñanzas.

Sin embargo, pasados seis meses, se retiró la ayuda económica a los 90 que se habían acogido a la medida. Paralelamente, la Administración, en colaboración con los municipios, estableció los cursos de acceso a las nuevas tecnologías conocidos como KZgunea, con los que dejaba fuera de combate a las academias, según explica Esparza. "El Gobierno vasco impulsa el proyecto y los ayuntamientos ceden los centros cívicos para impartir las clases. Actualmente son ya 165. Nosotros decimos que esta iniciativa está poniendo en riesgo la continuidad de las empresas y de las familias que hay detrás. La pérdida de alumnado ha llegado en Álava al 40% y en Vizcaya han cerrado unos 15 centros, sólo en los últimos meses. Es imposible competir en condiciones de desigualdad tan abismales", argumenta Esparza.

Servicios duplicados

Subraya que la federación sólo pide que las instituciones vuelvan a la posición anterior, a subvencionar a las academias y frenar la aparición de estos servicios. "Nos parece muy bien que se facilite el aprendizaje y se subvencione, pero lo que no compartimos es que se duplique una infraestructura que ya existe. No hay que perder de vista que el gasto es público", prosigue. Esparza recuerda que en un principio, los KZgunea sólo se iban a abrir en municipios y poblaciones con riesgo de exclusión. Sin embargo, se han abierto centros hasta en plena Gran Vía de Bilbao. "Se ha desvirtuado su origen y el problema amenaza con extenderse a otras disciplinas, como los idiomas", destaca.

Esparza incide en que el cerco se estrecha aún más con las condiciones establecidas en el pliego de bases del plan informático para el comercio del Gobierno vasco. "Establece que la empresa adjudicataria tendrá que utilizar para impartir nuevas tecnologías los locales, equipos informáticos y demás medios disponibles de los KZgunea distribuidos en la comunidad vasca. Entonces, ¿qué tenemos qué hacer nosotros? ¿Alquilar esos locales cuando ya tenemos los nuestros y, probablemente, en muchos casos, en mejores condiciones?", se pregunta.

Según la federación de centros de enseñanza no reglada, la "competencia desleal" se agudiza aún más al examinar las diferentes normativas vigentes para la concesión de subvenciones. "Exigimos a la Administración que pida la presentación de licencia de apertura a todas las empresas, entidades o colectivos que soliciten una subvención para impartir clases. No se está cumpliendo este requisito fundamental y ello conlleva el intrusismo, sitúa a nuestros centros en clara desventaja y, desde luego, favorece la competencia desleal. Sólo pedimos que se cumpla la legalidad", resalta la portavoz. Cargos directivos de la federación tienen previsto reunirse con representantes de la Administración en las próximas semanas.