El PP propone una reforma para evitar que los medios paguen indemnizaciones antes de que el fallo sea firme

El PP ha propuesto en el Senado una reforma a la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil para evitar que los medios de comunicación social condenados por vulneración de los derechos al honor, intimidad o propia imagen tengan que pagar las indemnizaciones a las que sean condenados antes de que las sentencias sean firmes, mediante su ejecución provisional. El PSOE ha anunciado también su voluntad de dar solución a un problema que viene poniendo en riesgo la supervivencia de medios de comunicación pequeños, como ocurrió con la revista El Siglo y algún diario digital.

La vigente ley procesal civil, de 7 de enero de 2000, prevé como regla general la ejecución provisional de las sentencias condenatorias, aunque no sean firmes, y establece la preferencia de aquellas que "tutelen derechos fundamentales", como lo son los derechos al honor, a la intimidad y a la imagen.

La enmienda que el PP propone introducir en el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial añadirá un nuevo apartado al capítulo de la Ley de Enjuiciamiento Civil dedicado a la ejecución provisional de las condenas, que dirá así: "No procederá la ejecución provisional de los pronunciamientos de carácter indemnizatorio de las sentencias que declaren la vulneración de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen".

Aunque la propuesta no menciona los medios de comunicación, en la justificación de la enmienda se recoge que el defensor del Pueblo, Enrique Múgica, recomendó dicha reforma para los casos en que la vulneración de dichos derechos fundamentales entre en colisión con la libertad de información, "máxime si el pago anticipado puede poner en peligro incluso la continuación del medio de comunicación".

El PP plantea en su propuesta el riesgo para la libertad de expresión, especialmente "en el caso de periódicos digitales, revistas y emisoras de radio pequeñas que se encuentran en la necesidad de cerrar sus puertas para hacer frente a la ejecución provisional antes de que una instancia superior revise la primera sentencia".

Preguntado el PSOE por esta iniciativa, el portavoz del Grupo Socialista del Senado, Juan José Laborda, anticipó el propósito de "dar solución al problema mediante una norma más correcta, aunque, de no encontrarla, se aprobará la propuesta del PP, que técnicamente no es buena".