El Gobierno argentino asegura que con el crecimiento económico las empresas no necesitarán un alza de tarifas

Un día después de que el Congreso cediera al Ejecutivo los poderes para decidir sin condiciones los aumentos de tarifas que reclaman las empresas privatizadas, el ministro de Planificación, Julio de Vido, afirmó que la futura discusión se va a centrar "en las inversiones y no en las tarifas".

"La economía va a crecer un 7,2% este año y con eso les sobra, no necesitan aumentos de tarifas este año. El próximo año las tarifas van a ser un detalle porque el criterio de las negociaciones se va a centrar en las futuras inversiones", sostiene Julio de Vido, responsable junto con el de Economía, Roberto Lavagna, de la comisión de técnicos que debe revisar los contratos de concesión de servicios públicos.

De Vido confirmó, además, que los técnicos a los que contrató para que le asesoren en la revisión de los contratos están preparando un proyecto de ley para dar un nuevo marco de control de los compromisos asumidos por las partes y la gestión de las empresas que el Congreso podría aprobar en marzo de 2004.

Por su parte, el presidente, Néstor Kirchner, asistió ayer al vuelo inaugural de la nueva empresa aerocomercial Líneas Aéreas Federales (Lafsa), subsidiada por el Estado. Esta empresa fue creada tras el cierre de las privadas Dinar y Lapa para absorber a los 800 trabajadores despedidos. Más tarde, cuando aún no tenía siquiera un avión, Lafsa se fusionó con Southern Winds, también al borde de la quiebra. Las acciones de Lafsa se reparten ahora entre Planificación, con un 40%, el de Economía, con otro 40%, y la empresa estatal Intercargo, a cargo de los servicios de los aeropuertos, con un 20%.

Los directivos de Aerolíneas Argentinas (en manos del grupo español Air Comet), empresa dominante en el mercado aéreo argentino, anticiparon que harán "todo lo que sea necesario en defensa de los intereses de la empresa". El presidente de Aerolíneas, Antonio Mata, había advertido de que la cláusula segunda del contrato de transferencia de Aerolíneas, establecía que "el Estado no competirá con Aerolíneas y solamente se dedicará a la cancelación de sus pasivos hasta su liquidación".

Los portavoces del Ministerio de Planificación Federal aseguran que los términos del contrato original dejaron de tener valor legal cuando en diciembre de 2001 se liquidó la sociedad del estado llamada Aerolíneas.