UGT y CC OO convocan un paro general en la construcción el 5 de noviembre por la siniestralidad

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CCOO) anunciaron ayer una huelga en el sector de la construcción para el próximo 5 de noviembre. 370.000 obreros de toda Andalucía están convocados a la movilización "para denunciar las causas" que están provocando el alto índice de siniestralidad. En lo que va de año se han registrado 41 accidentes mortales. Los sindicatos culpan a la patronal de ser "la principal" causa de los siniestros por "los incumplimientos" de un colectivo que calificó de "chulos y tiburones" y que sólo pretende buscar el beneficio en detrimento de la seguridad de los trabajadores.

Los máximos responsable en Andalucía de UGT y Comisiones, Manuel Pastrana y Julio Ruiz, reclamaron además ayer que los fiscales "metan en la cárcel" a los empresarios que incumplan las normas laborales de seguridad en el trabajo. La patronal Fadeco, por su parte, consideró ayer injustificada la huelga convocada.

Manuel Patrana y Julio Ruiz justificaron la tercera huelga convocada en la región en este sector -las anteriores fueron en 1996 y 1999- al considerar de máxima gravedad el incremento de la siniestralidad laboral en la construcción, que aglutina el 35% de los 118 fallecidos en Andalucía en lo que va de año en todos los sectores productivos.

Pastrana reclamó una mayor implicación de todas las administraciones publicas "para que asuman sus responsabilidades" y minimizar los accidentes. A los ayuntamientos les exigió que condicionen las licencias de obras al cumplimiento de los planes de seguridad obligatorios. Al Gobierno central que apruebe una normativa para regular las empresas subcontratas e incrementar los "insuficientes" 144 inspectores de Trabajo existentes en Andalucía.

Sin embargo, los sindicatos coincidieron en descargar en los empresarios la máxima responsabilidad en los accidentes laborales. Julio Ruiz aseguró que "el primer responsable es el empresario, que es el que tiene la responsabilidad de que las normas se cumplan, ya que es el que tiene el que organiza el trabajo". El dirigente sindical solicitó a los fiscales que en los casos de siniestros soliciten para los empresarios condenas que incluyan cárcel, porque "como existe el delito, la pena debe existir", añadiendo que "si el empresario tiene esa responsabilidad y sigue pasando de esa responsabilidad, hasta que no se castiguen a los empresarios metiéndolos en la cárcel, no se van a tomar en serio que quienes padecen son los trabajadores".

En los mismos términos se expresó el responsable de la Construcción en UGT, Ramón Díaz, que calificó de "tiburones" a los subcontratistas que "sus beneficios los sacan del destajo y de no aplicar las medidas de seguridad", y exigió a la patronal Fadeco que es "obligación, asumir la regulación" de las 30.000 subcontratas registradas en la región.

La mayor parte de los siniestros se producen por caída o atrapamientos, que se evitarían con la utilización del arnés, andamios homologados o la construcción de zanjas apropiadas.

Desde CC OO, Antonio Rodríguez Bustamante, solicitó a los fiscales que "se tomen en serio" los casos de siniestralidad laboral, ya que detrás de ellos "ha habido unas causas inequívocas de imprudencia por parte del empresario" responsable de la obra. Bustamante pidió para "esos empresarios que son muy chulos, se les aplique la ley con todas las consecuencias".

Por su parte la patronal Fadeco dijo ayer que la huelga convocada es "injustificada", al considerar que los empresarios están cumpliendo con su parte y "buscando soluciones" para este problema. Federico Muela, representante de Fadeco y presidente de la Cámara de Contratistas de Andalucía afirmó que, en su opinión, "tras la convocatoria de huelga se esconde un interés político de los sindicatos ante la proximidad de las elecciones autonómicas".

La convocatoria de paro se produce cinco días después de que la Junta diera a conocer la aprobación de un decreto para frenar la siniestralidad laboral, incluyendo 131 medidas para fomentar la cultura de la prevención. Se contemplan cursos formativos, ayudas para las empresas que inviertan en seguridad y contar con agentes de la policía local para vigilar las obras, además de crear un cuerpo especial dentro de la policía autonómica. El decreto conlleva una financiación de algo mas de 65 millones de euros y estará en vigor hasta 2008.