Los inspectores denuncian a la Agencia Tributaria por el control de sus declaraciones

Inspectores inspeccionados. Así se puede resumir la denuncia que la Asociación de Inspectores de Hacienda, Apife, ha presentado ante el Defensor del Pueblo, el Defensor del Contribuyente y la Agencia de Protección de Datos contra la Agencia Tributaria. El motivo es que han detectado accesos a sus declaraciones de impuestos no justificadas por motivos de comprobación fiscal, sino para el control de otras actividades.

El texto de la denuncia explica que la legislación permite a la Agencia Tributaria utilizar la información contenida en las declaraciones tributarias "sólo para sus funciones de comprobación, investigación, liquidación y recaudación de impuestos". Sin embargo, según asegura Apife, lo que se persigue es el control de los inspectores "en aspectos relativos a su situación funcionarial o laboral".

Fuentes de la Agencia Tributaria explican que estos controles se realizan desde hace varios años por parte del Servicio de Auditoría Interna. El objetivo es detectar casos de pluriempleo que puedan influir en una falta de dedicación a su trabajo como inspectores de Hacienda. El problema se plantea no sólo por la cantidad de horas extras en otros empleos, sino también por las posibles interferencias o tratos de favor que se puedan derivar de esas otras actividades.

Apife entiende, por el contrario, que su patrono, la Agencia Tributaria, "utiliza ilegalmente información privilegiada y legalmente reservada, constituida por los datos de las declaraciones tributarias de sus funcionarios y empleados, e incluso de sus familiares o de las personas con que éstos mantienen relaciones económicas".

Datos reservados

Citan como ejemplo que en las declaraciones del IRPF se incluye información "personalísima" necesaria para elaborar la declaración. En concreto, aparece el estado civil, la identidad y fecha de nacimiento del cónyuge, hijos, ascendientes, la existencia de minusvalías en la unidad familiar, afiliaciones sindicales o profesionales, la hipoteca del banco, etcétera.

La Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, argumentan los inspectores, limita a los fines de comprobación tributaria el acceso a esta información, finalidad de la que tampoco se libran los inspectores. Su denuncia es que la Agencia no trata de comprobar si los inspectores han declarado bien sus impuestos, sino que persigue realizar un control de tipo laboral. Sólo si hay indicios penales se pueden rebasar los fines de comprobación meramente tributarios.

La Agencia Tributaria insiste en que lo que se comprueba no son las declaraciones, sino que se efectúa un cruce de las retenciones de otros agentes, por ejemplo, una academia donde el inspector da clases, para verificar que no existen incompatibilidades y que el tiempo dedicado no es excesivo.