Un Presupuesto distinto

A diferencia de ejercicios anteriores, el principal partido de la oposición ha presentado sus propias orientaciones para los Presupuestos Generales del Estado de 2004 antes de que lo haga el Gobierno. Hay que saludar esa voluntad por anticipar propuestas concretas, superando las desautorizaciones apriorísticas, y que se haga con detalle, a pesar de las dificultades estadísticas e informativas. Y también hay que confiar en que las propuestas del PSOE contribuyan a mejorar las explicaciones del Gobierno sobre el Presupuesto para el año próximo: la información ofrecida el año pasado fue caótica e incontrastable.

La significación de la política presupuestaria para el próximo año es mayor. Es un año electoral y, aun cuando la recuperación internacional se da por descontada, va a ser menos acusada que en otros países. La economía española puede crecer más que en 2003 pero todavía lejos de su comportamiento en los mejores años de la pasada fase expansiva. También es un momento especial, en el que el Pacto de Estabilidad presupuestaria se halla en entredicho.

El punto de partida de la propuesta del PSOE es ampliamente asumible: la economía española necesita de una seria apuesta inversora en investigación, en capital tecnológico, en conocimiento. Nuestra economía viene aumentando el empleo, pero la productividad es de las más bajas de los países avanzados. Es saludable que se asuma la sana conducción de las finanzas públicas como principio básico. Pero el rigor presupuestario no equivale a la formulación de la Ley de Estabilidad del actual Gobierno, mucho más restrictiva que los compromisos con la UEM y poco compatible con la cobertura de las necesidades de formación de capital que tiene la economía española.

El compromiso de España con el Pacto de Estabilidad no exige el equilibrio presupuestario año a año. Obliga a que el déficit público no supere el 3% del PIB. Dadas las carencias que exhibe nuestro país en capital humano, físico y tecnológico, público y privado, evidentes en ámbitos como la seguridad ciudadana, la educación, las infraestructuras o la protección social, no parece necesario comprometerse sin más con la doctrina del déficit cero cuando ninguna institución política europea obliga a ello. Una diferenciación lógica respecto al PP sería el compromiso de recomponer el gasto público, manteniendo constante el gasto corriente y aumentando la inversión pública. Un déficit moderado es compatible con las exigencias de la UEM y ese reconocimiento es uno de los cambios que muchos ciudadanos esperan de la política económica de la oposición. Todo ello sujeto al estricto control de esa Oficina Presupuestaria dependiente del Parlamento, que el PSOE propone crear.

Este partido debería ser coherente con el diagnóstico que hace de las necesidades desatendidas de la economía española y explicar a los ciudadanos que el endeudamiento, moderado y exclusivamente para fines inversores, puede ser una decisión más racional que evitarlo por principio. La buena administración pública exige también no perder oportunidades.