Los docentes de prisiones convocan huelga por la paralización de las transferencias

Un total de 63 profesores de prisiones andaluzas esperan desde 1990 que los Gobiernos central y autonómico se pongan de acuerdo para no estar en tierra de nadie. El Ministerio de Interior regula sus salarios y la gestión del personal, pero su función docente compete a la Consejería de Educación. Como las transferencias están pendientes de negociaciones, está función docente no está definida y 3.289 presos no tienen derecho a matrícula. Los docentes han iniciado una huelga hasta que se aclare su futuro.

La trayectoria de los docentes de prisiones ha sido, cuanto menos, errática. La Logse ya determinó en 1990 la integración del trabajo de estos profesores dependientes de Instituciones Penitenciarias en el sistema de cada comunidad autónoma. Un Real Decreto de 1999 les situó de forma transitoria dentro del cuerpo docente del Ministerio de Educación, hasta que se culmine el traspaso de competencias. Y en ese periplo, la Consejería de Educación confeccionó su propio cuerpo de profesores, compuesto ahora por 16 personas. Hasta ahora, sigue sin estar regulada la función de los docentes al no completarse la transferencia a la Junta.

Existe una diferencia llamativa entre los 16 docentes dependientes de la Consejería y los 63 que aún esperan las transferencias. Según los datos de estos últimos, la población reclusa atendida por el grupo de la Junta, 919 personas, está matriculada. Por contra, los presos a cargo de los docentes dependientes del Gobierno central, 3.289, no tienen matrícula al no estar regulada la actividad de sus profesores por la Consejería de Educación, que espera las transferencias. Así ocurre en diez centros penitenciarios de Andalucía.

Los docentes en huelga entienden que se atenta contra los derechos de la población reclusa que, en caso de quedar libre, no podría continuar el curso en las escuelas de adultos al carecer de matrícula y, por tanto, no poder hacer el traslado.

Pero además de los presos, los docentes también son víctimas de su transitoriedad a efectos laborales. No pueden pedir traslado a otros centros educativos o prisiones. No perciben los complementos salariales porque están adscritos al Ministerio de Educación y quien les paga es Interior, donde no existe tal concepto. Tampoco se benefician de los suplementos salariales de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias por depender de forma transitoria del Ministerio de Educación, denuncian los docentes. Esta situación eventual les afecta desde 1999.

Los sindicatos CC OO, UGT y CSIF se han hecho eco de las reivindicaciones de los docentes y entienden que la transferencia es la raíz y a la vez el fin del problema. La responsable de Enseñanza Pública de UGT, María José Carrero, explicó ayer que en el paquete de transferencias firmadas en abril se incluye un calendario de negociaciones en el que está incluido este apartado. "Pero no existe entendimiento entre las administraciones en un tema menor, en cuanto a las dificultades de la negociación, ya que la Consejería de Educación no tendría problemas técnicos para asumir a este grupo de profesores", precisó. Según CC OO, la mesa de las transferencias de los docentes de prisiones no se reúne desde julio de 2000.