Editorial:Editorial
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Pacto en entredicho

En una carta enviada al ministro de Justicia, el PSOE mantiene que el Pacto por la Justicia sólo ha servido para que el Gobierno ocupe sin disimulo el ministerio fiscal y aumente su presión sobre los jueces, y no para mejorar y modernizar la infraestructura judicial. Una parte al menos del mundo de la justicia, que vive de cerca las circunstancias en que se desenvuelve, comparte el diagnóstico, aunque considera que el pacto sigue siendo válido siempre que se cumpla en su espíritu y en los términos en que fue acordado.

Al pacto se le pueden atribuir dos logros: uno es la pacificación del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, un asunto que ha envenenado durante años las relaciones entre el PP y el PSOE. Y ello a pesar de que su mayoría conservadora actúe sin complejo alguno como correa de transmisión del PP. Y a pesar de que su presidente, que lo es también del Tribunal Supremo, se comporte en la apertura del año judicial más como un funcionario del Gobierno que como máximo representante del Poder Judicial, asumiendo mimética y beligerantemente la doctrina del PP respecto a la intangibilidad de la Constitución, y adhiriéndose con devoción insólita al más reciente y oportunista discurso oficial sobre la preeminecia de España en el concierto de naciones y su situación de ventaja económica frente a países de su entorno.

El otro logro son los juicios rápidos, aunque el Supremo acaba de alertar sobre los riesgos de que las garantías del procesado se vayan al garete, como ya ha ocurrido en algunos casos. En todo lo demás el Pacto sobre la Justicia constituye un fiasco.

El Gobierno ha dado largas a las medidas del pacto que implican un compromiso presupuestario, teóricamente cifrado en unos 1.500 millones de euros adicionales durante sus ocho años de vigencia, y lo ha utilizado primordialmente como aval de su contrarreforma legal, al socaire del problema de la delincuencia y como instrumento de su política en el ámbito de la justicia. El PSOE no podía sino desmarcarse de una reforma del ministerio fiscal que ha permitido al Gobierno librarse de fiscales no adictos, que ha reducido a mínimos la autonomía de investigación de la Fiscalía Anticorrupción y que ha reforzado el poder de un fiscal del Estado cuasi vitalicio -con cerca de siete años en el cargo-, especialmente distinguido por sus servicios al Gobierno. Y tampoco podía avalar una reforma de la prisión provisional que convierte a esta última en una auténtica pena anticipada y en medida general y no excepcional en el proceso penal, pasando así por encima de los criterios del Tribunal Constitucional.

El Pacto sobre la Justicia ha resultado políticamente muy rentable para el Gobierno, pero poco o nada ha aportado a la mejora de la actividad judicial. Hace bien el PSOE en poner las cartas sobre la mesa y en exigir su cumplimiento pleno.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0018, 18 de septiembre de 2003.

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