Columna
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De mal en peor

"Desde mi perspectiva nacionalista no puedo dejar de constatar, no sin emoción, que hoy coincidimos todos en la voluntad de poner fin a un Estado centralista; coincidimos todos en alcanzar por la vía de la autonomía un nuevo sentido de la unidad política de España". En estos términos se expresaba Miquel Roca en la fase inicial del debate constitucional. Términos que fueron compartidos por casi todos los demás diputados en las Cortes constituyentes. Ése fue el espíritu que hizo posible la redacción en primer lugar y la aprobación de manera casi unánime después del texto constitucional.

No parece que quede mucho de dicho espíritu cuando se van a cumplir los primeros veinticinco años de vigencia de la Constitución, como estamos teniendo ocasión de comprobar todos los días y como evidenció la reunión convocada el pasado miércoles por su Majestad el Rey. El presidente de la Generalitat mostró su reserva respecto de la Constitución llegando a compararla con una "jaula". Y para qué hablar de las reservas sobre la asistencia al acto del lehendakari, cuya presencia se midió en los segundos en que departió con el presidente del Gobierno. Una Constitución que fue elaborada con la finalidad principalísima de resolver el problema de la articulación territorial del Estado y de manera muy especial la integración de los nacionalismos catalán y vasco en un sistema político común, y que parecía que había encauzado dicho problema de una manera razonablemente satisfactoria, está siendo puesta en cuestión por esos mismos nacionalismos, que no entienden que la Constitución que se está imponiendo por el Gobierno del PP en esta segunda legislatura sea la Constitución que se aprobó en 1978 y que se había venido aplicando en las legislaturas posteriores.

Curiosamente, los únicos que parecen encontrarse cómodos con la Constitución son aquellos que, como el presidente del Gobierno actual, estuvieron en contra de ella en el momento constituyente. Con la Constitución de 1978 está ocurriendo algo similar a lo que ocurrió con el nacionalismo español, que, como ha explicado detenidamente José Álvarez Junco en Mater Dolorosa, fue en sus orígenes a comienzos del siglo XIX un proyecto liberal integrador, del que se apropió hacia finales del siglo la derecha española, que lo convertiría en un término excluyente y en una arma extraordinariamente mortífera algunos decenios más tarde en la Guerra Civil.

La Constitución de 1978 fue en sus orígenes un elemento integrador en la sociedad española. El esfuerzo que se hizo para que prácticamente todo el mundo cupiera en ella fue enorme. Y cuando, por diversas circunstancias, no se consiguió con el nacionalismo vasco en el referéndum de aprobación de la Constitución, se aprovechó la negociación del Estatuto de Gernika para conseguirlo. La lealtad de los nacionalismos catalán y vasco al sistema político español durante la década de los ochenta y noventa ha sido más que notable.

Este espíritu integrador es el que se ha quebrado en esta legislatura. La "fuerza integradora" de la Constitución de la que ya habló Rudolf Smend en los años veinte, cada vez brilla más por su ausencia en España. La Constitución se ha convertido en un elemento de división, en un arma arrojadiza con el que golpear a quien no se considera adversario, sino enemigo al que hay que aniquilar. Y vamos de mal en peor, pues ya no son sólo dirigentes políticos, como José María Aznar o Jaime Mayor Oreja, quienes hacen uso de la Constitución de manera sectaria, sino que el ejemplo está siendo seguido por quienes deberían dar ejemplo de lo contrario. Oír al presidente del Tribunal Supremo en la apertura del año judicial hablando de la Constitución pone los pelos de punta.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0018, 18 de septiembre de 2003.

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