Claros y oscuros de la transición política chilena

El 11 de septiembre se cumplen 30 años del golpe militar que derrocara en Chile el Gobierno legítimo de Salvador Allende y diera paso a la dictadura militar del general Pinochet. Durante estos años, que incluyen los 17 años de dictadura y los 12 y pico años de régimen no autoritario, se han sucedido hechos, acontecimientos que suscitan reflexiones y recuerdos que incitan a esquemáticas evaluaciones.

Los mil días de Salvador Allende y de la Unidad Popular, como todo proceso transformador real, que se propuso la construcción de un sistema socialista en democracia, libertad y tolerancia ideológica, generó y concitó el apoyo y el entusiasmo de las fuerzas progresistas, nacionales y extranjeras, así como la más feroz y despiadada oposición de las fuerzas conservadoras a nivel mundial. Los que vivimos y participamos en ese Chile revolucionario reivindicamos el permanente respeto de los derechos humanos, el funcionamiento de las instituciones que caracterizan a la democracia, la participación progresiva y real del pueblo, la independencia como nación en todas las decisiones de política exterior, así como la solidaridad con aquellos movimientos y pueblos que luchaban por su libertad. Sin duda, se cometieron errores y probablemente apreciaciones falsas sobre correlaciones de fuerzas a nivel nacional e internacional. El tiempo y la historia objetivamente las han resaltado. Pero, sin duda, nunca han sido cuestionadas la honestidad y la consecuencia, no solamente de un pueblo, sino, sobre todo del presidente Allende, que entregó su vida en el Palacio Presidencial defendiendo la legitimidad democrática de su mandato frente a la derecha política, las fuerzas militares y el imperio norteamericano.

Pinochet y sus generales, con las fuerzas golpistas, no vacilaron. Suprimieron los partidos políticos, el Congreso Nacional, toda la prensa no adicta; se rodearon de un Poder Judicial obsecuente. Crearon el más poderoso aparato de represión política, DINA, CNI, etc, organismos a los cuales les encargaron su tarea: miles de chilenos asesinados sin juicio, desaparecidos, campos de tortura y exterminio, perseguidos y exiliados que llenaron las embajadas extranjeras de Santiago. Caravana de la muerte, Operación Cóndor, asesinatos de Orlando Letelier en Washington, del general Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires. No escaparon a la vesania ciudadanos españoles, entre otros Carmelo Soria, los sacerdotes Luis Llidó y Joan Alsina, por citar los más conocidos. La población vivió aterrorizada por la implacable persecución, por la ocupación militar de las ciudades y por el toque de queda, que duró mas de trece años. Baltasar Garzón, que investiga en Madrid estos crímenes contra la humanidad, logra la detención de Pinochet en Londres en 1998, e inicia un periodo aún no cerrado de investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos. Previamente, los chilenos lo habían derrotado mediante el voto en el Plebiscito del No que terminó con su régimen e iniciaba la transición a la democracia.

El proceso democrático chileno se inició en 1990 con la elección de Patricio Aylwin como presidente de la República, y ha conocido también los seis años de Eduardo Frei y los tres del actual Gobierno de Ricardo Lagos. Cabe, a estas alturas, preguntarse cuáles han sido los aciertos y desaciertos de estos gobiernos y en qué perspectiva se mueve el proceso social y económico chileno. La democracia, en el plano de la macroeconomía terminó con uno de los mitos más divulgados por los partidarios de la dictadura: su "éxito" en este aspecto. Después de 17 años, contando con la totalidad de los recursos de la Gran Minería del Cobre, nacionalizada por Allende, el crecimiento promedio anual sólo fue de 2,4%, con un PNB per capita de 1.780 US $ en 1989. Sólo la crisis económica de 1982 costó al país, según expresiones del presidente Lagos, 500 millones de $ US anuales. Los 12 años de democracia han tenido un crecimiento promedio anual de 5,8% y el PNB era de 4.350 $ US en el 2001, en crecimiento progresivo. Se constató una disminución importante del crecimiento en 2000 y 2001, pero se estima que la reactivación logrará llevarlo nuevamente a 3,5-4% anual en 2004. Los acuerdos de libre comercio en vigencia con la Unión Europea, el recientemente firmado con Estados Unidos y los múltiples acuerdos con países asiáticos e iberoamericanos, pronostican un avance sustancial en las exportaciones chilenas, fuente principal de su economía. No cabe duda de que un país que crece al ritmo de Chile en los últimos 12 años, reduce significativamente la pobreza, sin eliminarla. Simplificando, al margen de la inequitativa distribución del ingreso, en Chile todos están mejor que 15 años atrás, los grupos de altos y bajos ingresos. Los indicadores sociales muestran buenos índices de: mortalidad infantil, esperanza de vida al nacer, tasa de analfabetismo, nivel de escolaridad, acceso de la población urbana al agua potable y al alcantarillado, etc. En comparación con países de América Latina, Chile se encuentra entre los tres primeros países con mejor situación social relativa. Sin embargo, la distribución del ingreso es tremendamente regresiva. Este proceso, que iniciara la dictadura en 1973, no ha logrado ser mejorado por los Gobiernos de la Concertación. El 20% de la población se apropia del 57% del ingreso total, y al 20% de ingresos inferiores sólo le corresponde el 4,5%. Esto significa 13,8 veces mayores ingresos de los sectores más favorecidos (datos de 1966). Sólo Brasil, en América Latina, tiene una distribución peor, y entre 65 países en desarrollo Chile ocupa el séptimo lugar con peor distribución del ingreso. A nadie se le escapa que estas irritantes desigualdades están en la génesis de los problemas de integración nacional de la ciudadanía chilena.

Uno de los aspectos más controvertidos ha sido la actitud política de la Concertación de Partidos por la Democracia en el delicado asunto de la violación de los derechos humanos durante la dictadura y en la relación con el poder militar. En los primeros años, con Pinochet en su cargo de jefe del Ejército, fueron manifiestas las expresiones de injerencia de las Fuerzas Armadas en los asuntos civiles. Se llegó a hablar de democracia tutelada (Felipe Portales: Chile, una democracia tutelada. 2000. Ed. Sudamericana). Paradigmática fue la imposibilidad de una investigación imparcial de los negocios de armas que el hijo mayor de Pinochet mantenía con el Ejército. No obstante, se hizo el esfuerzo loable de constituir la Comisión de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig), que objetivó las víctimas de muerte y desaparición. La sociedad chilena comenzó a conocer con estupor la magnitud de los asesinatos. Serían las investigaciones iniciadas en 1996 por Garzón en la Audiencia Nacional española las que llevarían al mayor y significativo avance en este problema. El juicio y arresto de Pinochet en Londres desencadenó en Chile una oleada de querellas contra los responsables militares y civiles de torturas, desapariciones y muertes. Salieron a la luz pública la Caravana de la muerte, la Operación Cóndor, los asesinatos de los compañeros de Allende en el combate de la Moneda, etc., etc. Oficialmente, el Gobierno chileno defendió con múltiples argucias el traslado de Pinochet a Chile. Adujo que se estaba en condiciones de otorgarle un juicio justo e independiente. El presidente Frei pidió incluso unidad nacional para el regreso del senador vitalicio, comprometiendo en esta tarea a algunos destacados ministros del Partido Socialista que discreparon de la opinión oficial de su partido. La televisión mundial mostró al dictador, a su regreso, recorriendo, fuerte y desafiante, la losa del aeropuerto; posteriormente sería "procesado" y suspendido el juicio por "demencia cerebral moderada". La Mesa del Diálogo, que reunió a familiares de víctimas con abogados y miembros de las Fuerzas Armadas, concluyó con escasos avances por las reiteradas falsedades aportadas por los uniformados. Verdad, justicia y reconciliación constituyen una secuencia sentida por gran parte de la sociedad chilena, sin que se haya logrado una clara y categórica acción de los Gobiernos de la Concertación. Últimamente se ha dado la paradoja de que la UDI, partido político pinochetista, haya incursionado en este tema. Una vez más, la respuesta gubernamental ha sido criticada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que sienten que la propuesta cambia un poco de verdad por impunidad. (EL PAÍS, 14-08-03) No se han dado las condiciones políticas para terminar con el decreto de amnistía pinochetista de 1978.

Tal vez el aspecto más preocupante sea las carencias democráticas en que se desarrolla la vida política del país. En 1980, con la fuerza de las armas, Pinochet impuso su Constitución Política, que básicamente ha tenido muy pocas modificaciones en los Gobiernos democráticos de la Concertación. Todos los esfuerzos de diálogo con la derecha para eliminar los vestigios de autoritarismo han fracasado. No se puede hablar de régimen democrático pleno cuando subsisten el sistema binominal de elección de los diputados, los senadores designados y vitalicios, la composición y las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, la incapacidad del presidente de la República para remover a los jefes militares, etc.La soberanía popular y la dependencia del poder militar al civil están aún por llegar. Desde 1990, la Concertación de Partidos por la Democracia ha ganado en las urnas las elecciones parlamentarias y presidenciales, pero la derecha política atrincherada en estas disposiciones ha vetado toda modificación de fondo de la Constitución pinochetista.

En estas importantes zonas de penumbra socio-política vemos los principales problemas del futuro de la sociedad chilena. En 1971, el Gobierno de Allende incrementó el salario real un 22%, y el gasto real social, en un 45%, lo que se tradujo en una distribución positiva del ingreso. Después de 30 años, con macroeconomía exitosa, las desigualdades son muy evidentes, y no hay un proyecto ilusionante que motive sobre todo a los jóvenes chilenos. La magnitud del gasto social en un Estado jibarizado como el chileno, está muy lejos de la magnitud relativa de los países desarrollados. Economía injusta, vacilaciones institucionales ante la defensa de los derechos humanos y soberanía popular escamoteada, pueden explicar las preocupantes ausencias de participación electoral: en las elecciones parlamentarias del 2001 votaron 6.991.504 chilenos; 900.000 fueron votos nulos o en blanco; 1.100.000 se abstuvieron y, lo que es peor aún, 2.200.000 potenciales electores ni siquiera se inscribieron en los registros para hacer uso de su derecho a elegir. El 40% del cuerpo electoral chileno no se expresa políticamente y este fenómeno es más acentuado en los jóvenes que al cumplir 18 años pueden votar.

Treinta años después del golpe militar que terminó con la democracia representativa en Chile, son enormes las dificultades y obstáculos que aún deben vencer los partidos políticos democráticos y la ciudadanía chilena para estructurar un sistema plenamente libre y soberano. Los esfuerzos realizados son encomiables, pero insuficientes. A las trabas institucionales señaladas habría que agregar el predominio de una cultura individualista, competitiva e insolidaria que se estimuló durante el largo período dictatorial y que los 12 años de transición no han logrado modificar.

Óscar Soto Guzmán, médico, es autor del libro El último día de Salvador Allende. Crónica del asalto al Palacio de la Moneda contada por sus protagonistas. (Ed. EL PAÍS - Aguilar. Madrid, 1998).