Amenaza sobre Cancún

Todos atentos. Mientras los ministros de Comercio de todo el mundo se preparan para impulsar en Cancún la "ronda del desarrollo" de negociaciones, la Organización Mundial de Comercio se encuentra amenazada. Pequeños grupos de despiadados y bien organizados activistas planean hacer fracasar la ronda, golpeando al corazón mismo del sistema multilateral de comercio.

Los saboteadores en cuestión no son radicales con pasamontañas infiltrados en los movimientos antiglobalización, sino trajeados caballeros, representantes gubernamentales de los países más ricos del mundo. Gracias a sus esfuerzos, se han incumplido prácticamente todos los plazos de negociación en cuestiones de interés para los países pobres. En este momento hay un riesgo serio de colapso de la conferencia.

La nueva ronda de la OMC es una oportunidad para reformar las injustas reglas del comercio que de manera sistemática perjudican a los países más pobres del mundo. Un fracaso en la cumbre de Cancún aceleraría la tendencia hacia el regionalismo, el bilateralismo y los juegos de poder unilaterales, lo que provocaría una vuelta atrás hacia posiciones más proteccionistas.

Cuando en 2001 firmaron el lanzamiento de la nueva ronda comercial de Doha, los gobiernos del Norte hicieron compromisos concretos para abrir sus mercados, reducir las ayudas agrarias más dañinas y garantizar que las normas sobre propiedad intelectual de la OMC no impidan a los países en desarrollo acceder a medicamentos esenciales. Salvo el reciente acuerdo en materia de patentes y salud pública, positivo pero aún insuficiente, no se ha logrado ningún progreso significativo en ninguna de estas áreas. Bien al contrario, los países ricos parecen empeñados en utilizar la ronda para forzar una liberalización agresiva en áreas de especial interés para sus compañías transnacionales.

Gran parte de las negociaciones se centrarán en el acuerdo sobre agricultura, donde los países ricos tienen un historial vergonzante. Los gobiernos del Norte se gastan lo mismo en dos semanas de subvenciones a su agricultura que en un año de ayuda al desarrollo en África. Estos subsidios generan una cantidad importante de excedentes que inundan los mercados internacionales a precios por debajo del coste real de producción (dumping) y arruinan a los pequeños productores de los países pobres. En Doha, la UE y los EE UU prometieron eliminar el dumping en la exportación, pero ambas superpotencias reniegan ahora de sus compromisos.

En Estados Unidos, la Ley Agraria de 2002 incrementa las ayudas en 8.000 millones de dólares anuales durante los próximos diez años, con lo que la sobreproducción está asegurada. Un reciente estudio de Oxfam demuestra que el Gobierno de Bush paga más de 10.000 millones de dólares al año en subsidios a sus productores de maíz, básicamente terratenientes y grandes gigantes agroalimentarios. Al sur del río Grande, en cambio, quince millones de mexicanos se han visto golpeados por la caída de precios del maíz en un 70% desde 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Por su parte, la UE ha aportado a las negociaciones una "reforma" de la Política Agraria Común que mantiene el gasto actual, no toca los subsidios a la exportación y deja intactos los sectores del azúcar y los lácteos, en donde la sobreproducción es más acusada. Mozambique, por ejemplo, pierde cada año cerca de 100 millones de euros como consecuencia de las prácticas comerciales comunitarias, lo mismo que los Quince destinan en ayuda a este país africano. Son malas noticias para los pequeños productores de los países pobres, pero también para la agricultura familiar europea, cada vez más desprotegida en beneficio de los grandes propietarios y las empresas exportadoras.

Ningún acuerdo para el desarrollo valdrá el papel en el que está escrito si no reduce las barreras comerciales que los ricos imponen a las exportaciones de los pobres. Resulta obsceno que los países ricos reserven sus impuestos comerciales más altos para los productos procedentes de los países en desarrollo. A la hora de acceder al mercado norteamericano, el arancel medio que deben pagar Francia o España es 15 veces más bajo que el que pagan Bangladesh o Camboya, dos de los países más pobres del mundo. Si este mismo criterio se aplicase en España al impuesto sobre la renta, una madre soltera que cobrase el salario mínimo pagaría más impuestos que el consejero delegado de Telefónica. Debe haber un acuerdo en Cancún para que los países desarrollados reduzcan o eliminen ciertas barreras y concedan acceso libre de cuota y arancel a todos los productos de los países de ingreso bajo.

En lo que se refiere a la propiedad intelectual, el problema son los EE UU. Sensible a las intensas presiones del lobby farmacéutico, la Administración Bush se ha negado a aceptar en la OMC reglas que garanticen el libre acceso de los países pobres a medicamentos que son esenciales para la supervivencia de sus ciudadanos. El acuerdo alcanzado pocos días antes de la cumbre de Cancún puede ser poco efectivo por los muchos obstáculos burocráticos establecidos para su aplicación. También puede incrementar los costes de los fármacos genéricos e incluso poner en riesgo su producción en el medio y largo plazo.

La negativa de la OMC a escuchar la voz de los países en vías de desarrollo en cuestiones tan importantes como las que hemos descrito amenaza con dañar de forma irreversible la credibilidad de esta organización. Después de todo, se supone que este organismo representa el consenso de todos los países miembros y no la voluntad de un pequeño club de países desarrollados y compañías transnacionales. Los gobiernos del Norte tienen aún la oportunidad de lograr el éxito de la Conferencia Ministerial de Cancún. Basta con que repasen las promesas que hicieron en Doha y contesten dos sencillas preguntas: ¿Servirán para lograr un comercio con justicia? ¿Tendrán el apoyo de los países pobres?

Ignasi Carreras y Gonzalo Fanjul son, respectivamente, director general y coordinador de investigaciones de Intermón Oxfam.