Los espías británicos creen que el Gobierno forzó el informe de Irak

El Gobierno británico sufrió ayer un espectacular revés al trascender que los científicos de la inteligencia militar cuestionaban numerosos datos del polémico informe de los 45 minutos sobre Irak. Un alto cargo y un colaborador ocasional del DIS, el cuerpo de inteligencia militar, declararon ayer al juez Hutton que algunos de los datos incluidos en ese informe estaban forzados, que el detalle de los 45 minutos era puesto en cuestión por los expertos científicos y que éstos estaban "preocupados y descontentos" porque no se les hacía caso.

La declaración de Jones puede tener efectos terribles para el Gobierno de Blair

Las declaraciones más contundentes fueron realizadas por Mister A, un funcionario especializado en armas químicas que declaró de manera anónima a través de una audioconferencia. Pero el testimonio más devastador fue el de Brian Jones, recientemente jubilado, que en el momento de la elaboración del informe era jefe de equipo en la Dirección Científica y Técnica del Cuerpo de Análisis de la Inteligencia Militar británica. En virtud de su cargo, Jones tuvo conocimiento directo de la elaboración de ese informe.

Tanto Jones como Mister A dejaron patente que el científico David Kelly tuvo también pleno conocimiento de los pormenores de ese informe, del que había leído y discutido los borradores de manera pormenorizada y que globalmente lo apoyaba, desmintiendo así los comentarios del Gobierno de que prácticamente no había tenido ninguna relación. Kelly tenía acceso directo a la gente de Jones y estaba autorizado a ver ciertos materiales clasificados, aunque probablemente no pudo acceder a la información directa en que se basó la cúpula de la inteligencia británica y el Gobierno para incluir el polémico dato de los 45 minutos [Según el informe, el régimen de Sadam Husein tenía capacidad para lanzar un ataque con armas de destrucción masiva en ese espacio de tiempo].

La declaración de Jones ante el juez puede tener efectos terribles para el Gobierno de Tony Blair por la credibilidad de su testimonio. En todo momento sopesó cuidadosamente sus palabras, haciendo largas pausas antes de contestar a las preguntas más comprometidas en lo que parecía un intento de mantener su lealtad de funcionario. Y se empeñó en subrayar que, a pesar de los muchos peros que acababa de dejar caer contra el informe, "lo importante es que en ningún momento argumentamos que esos datos de inteligencia no debían haber sido incluidos".

Su queja principal, como la que la BBC atribuye al finado David Kelly, es que los datos no estaban matizados.

Cuando, a la vuelta de dos semanas de vacaciones, Brian Jones se reincorporó a su despacho el 18 de septiembre de 2002, sus subordinados le explicaron tanto la "inusual" presión con que habían estado trabajando esos días como las numerosas dudas que albergaban sobre su redactado. Estaban preocupados "por la tendencia a, podríamos decir, a forzar ciertas estimaciones; en particular, en relación con la producción de armas químicas".

Jones declaró que él personalmente había cuestionado la veracidad de las informaciones sobre los 45 minutos y defendido, en vano, la opción de incluir ese dato como meramente "indicativo". A su juicio, la información de que los iraquíes podían lanzar un ataque con armas de destrucción masiva en tan poco tiempo no podía presentarse de manera tajante por tres razones. Primero, porque aunque la fuente de la información era fiable, ésta se basaba en una segunda fuente "y parecía más interesada en influir que en informar". Segundo, porque "no aclaraba si el ataque podía ser con armas químicas o biológicas, y ésa es una diferencia muy importante". Y en tercer lugar, porque no había ninguna información adicional que corroborara la versión de la fuente informante.

El funcionario escribió una nota a su superior jerárquico el 19 de septiembre, cinco días antes de que se publicara el informe, dándole cuenta de las "reservas" que tenían los científicos sobre su contenido. El pasado 8 de julio, Jones envió una carta al sucesor de su antiguo jefe en la que le da cuenta de la nota del año anterior y le subraya que precisamente aquel escrito es la prueba de que el ministro de Asuntos Exteriores, Jack Straw, estaba equivocado cuando declaró ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes que "no ha habido ninguna queja de los miembros de los servicios de seguridad y de inteligencia sobre el contenido del informe" de septiembre de 2002.

Ayer, en la sala 73 del palacio de Justicia, las quejas de los servicios secretos salieron por primera vez a la luz pública de manera oficial.