El delito de "auxilio a la rebelión"

Haberse mantenido fiel a la República durante la Guerra Civil fue considerado, a partir de 1940, después de la victoria del general Franco, un delito de "auxilio a la rebelión". Miles de españoles pasaron años y años en la cárcel por esa falta, otros tantos murieron fusilados. Los juicios sumarios que precedieron a la prisión o la muerte no han sido anulados. Los expedientes reposan en archivos civiles y militares junto a otros detalles de la represión. Por eso el PSOE ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para que se anulen esos fallos.

Según los datos de los socialistas, más de 500.000 personas sufrieron prisión y otras 150.000 murieron fusiladas. Con ellos, y especialmente con sus familiares, dice la proposición, la "democracia tiene una obligación moral, pero también jurídico-política". "Que los rebeldes contra la República condenaran por el delito de auxilio a la rebelión a quienes se mantuvieron fieles a las leyes y a los principios constitucionales es algo más que un sarcasmo, fueron actos cuyo caparazón pseudo-jurídico debe ser destruido, aunque lo sea a posteriori. Y lo ha de ser desde la legalidad democrática por fin recuperada", añade la iniciativa, promovida por la diputada Amparo Valcarce. Los socialistas recuerdan que un caso muy similar, el de la persecución ideológica y moral de la Alemania nazi, se promulgó una ley específica para derogar los "fallos injustos" de los tribunales nacionalsocialistas.

La iniciativa dice basarse en el espíritu de otra aprobada por unanimidad en el Congreso el pasado 20 de noviembre de 2002 en la que se condenaba por primera vez el franquismo y se ofrecía ayuda a los familiares de los asesinados enterrados en fosas comunes para que recuperen sus restos.

Sin embargo, los familiares se quejan de que apenas están recibiendo ayuda oficial. Las fosas se siguen abriendo, con cuentagotas, gracias a vecinos, voluntarios internacionales y el empeño de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, que poco a poco ha ido ampliando sus miembros -ya llega a unos 250- y ha logrado recuperar más de 200 cuerpos.

Pero la labor, según confiesa Santiago Macías, portavoz de la asociación, les supera. Tienen más de 2.000 peticiones en toda España. Y sólo algunos gobiernos autonómicos, como Extremadura, País Vasco, Asturias o Cataluña, han anunciado su intención de echar una mano. En ninguno de ellos gobierna el PP.

La asociación pide al menos el mismo trato que los militares de la División Azul fallecidos en las heladas estepas rusas. El Gobierno ha gastado ya 130.000 euros en recuperar 1.162 cadáveres de estos soldados y en honrar su memoria a través de un cementerio en Pankovska (Rusia).