El nuevo equipo de gobierno de Marbella, formado por tránsfugas del GIL, PSOE y PA, se comprometió ayer a acatar la normativa urbanística y a no dar ninguna licencia de obras contraria al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986. "Nuestra misión es trabajar bajo la legalidad vigente", afirmaron en rueda de prensa el delegado de Urbanismo, Rafael Calleja, y los tenientes de alcalde Isabel García Marcos y Carlos Fernández.
El sur de la Costa Brava y el norte del Maresme viven la peor temporada turística de los últimos años. Los malos resultados del mes de julio, en el que la ocupación hotelera descendió entre el 15% y el 20%, ha obligado a muchos hoteleros a plegarse a las exigencias de los operadores turísticos, que controlan el 80% de la demanda.
La repetición de las elecciones autonómicas costará unos nueve millones de euros a la Comunidad de Madrid. De ellos, seis irán destinados a la campaña institucional (promoción de la participación, impresión de las papeletas, dietas a los miembros de las mesas electorales...) y otros tres irán destinados a las arcas de los partidos políticos para que financien sus campañas.
Gerardo Camps firmó el pasado 30 de julio un resumen de las cuentas de la Generalitat durante el año 2002 que dispara la deuda hasta los ocho mil millones de euros.
El comité de empresa de la Acería Compacta de Bizkaia (ACB) aseguró ayer que el expediente de regulación de empleo anunciado la semana pasada por la compañía responde a "la política de precios" de la firma y no a su marcha económica.
