El Ayuntamiento de Marbella no dará más licencias contrarias al plan urbano de 1986

El nuevo equipo de gobierno de Marbella, formado por tránsfugas del GIL, PSOE y PA, se comprometió ayer a acatar la normativa urbanística y a no dar ninguna licencia de obras contraria al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986. "Nuestra misión es trabajar bajo la legalidad vigente", afirmaron en rueda de prensa el delegado de Urbanismo, Rafael Calleja, y los tenientes de alcalde Isabel García Marcos y Carlos Fernández. Con esta "política de gestos" el gobierno local pretende eliminar recelos contra los firmantes de la moción de censura y pedir "un margen de confianza".

"Todas las licencias que vamos a conceder, absolutamente todas, serán ajustadas al PGOU de 1986", dijo la ex edil socialista Isabel García Marcos, quien insistió en que el texto, pese a estar vigente, "no responde a las necesidades de la población". García Marcos recordó que hay miles de viviendas construidas en base al planeamiento de 1998 que aún no cuentan con licencia de primera ocupación y dejó en manos del gobierno andaluz la resolución de estos permisos: "Si se negara, no las daríamos, pero eso causaría un gravísimo problema social".

La ex edil socialista criticó a la Junta por no actuar en su día "de manera contundente" y permitir que se ejecutaran y finalizaran obras al margen de la legalidad. "Ellos son los únicos que podían hacer algo y no lo han hecho", añadió.

Hasta que se apruebe un nuevo PGOU, el gobierno local pretende redactar una "norma transitoria" que garantice la seguridad urbanística, para lo que se propone convocar un "consejo consultivo" formado por especialistas en la materia y solicitará a la Junta que designe dos técnicos para que supervisen los trabajos.

Los tres ediles trataron ayer, sobre todo, de distanciarse de lo que ha sido la gestión de los anteriores equipos de gobierno del GIL. La apertura a la prensa de las oficinas de la empresa Planeamiento 2.000, ocupadas hasta un día antes de la moción de censura por Juan Antonio Roca, ex gerente de Urbanismo, y por las que han pasado todos los convenios urbanísticos firmados desde que Jesús Gil llegó a la alcaldía, en 1991, forma parte de esta estrategia de "política de gestos", iniciada con la promesa de revisión de todos los acuerdos firmados a partir del 28 de noviembre de 2000, fecha en la que se publicó el PGOU de 1986. Uno de esos gestos es la apertura de una investigación interna sobre una promoción autorizada por el anterior alcalde, Julián Muñoz, en la zona de La Trinidad que fue paralizada el pasado viernes día 22 por orden de la Junta.

El delegado provincial de Medio Ambiente informó ayer de que la promoción incumple las leyes Forestal y de Protección Ambiental de Andalucía Ley Forestal y afecta a suelo con distintas calificaciones -no urbanizable, urbanizable no programado y sistema general-, y sin el pertinente estudio de detalle. El proyecto promovido por Naviro Inmobiliaria 2000 y Egoa S.L. prevé 192 viviendas y 24 despachos profesionales. Según el ex alcalde Julián Muñoz el propietario de los terrenos es el magnate británico Judah Binstock y otorgó la licencia el pasado 23 de mayo porque se le pasó a la firma con los informes técnicos pertinentes, incluido el del arquitecto municipal Francisco Merino.

Carlos Fernández negó que se haya readmitido al antiguo gerente de Urbanismo: "Roca tiene un despido improcedente y no ha sido readmitido. Hasta que Magistratura se pronuncie, no es trabajador ni pertenece a ningún departamento", dijo. El lunes, el ex edil del PA aseguró que Roca quedaba adscrito a la gerencia de obras.