Los cinco grupos parlamentarios apalabran unidad de acción

Los cinco grupos del Parlamento apalabraron ayer unificar sus actuaciones para que no quepa duda alguna de que la Cámara actuará con "beligerancia", en boca del popular Antonio Sanz, contra el Ayuntamiento de Marbella. "Hay que mandarle el mensaje al señor [Jesús] Gil, a su familia y a los tránsfugas desvergonzados de que vamos a ir democráticamente a por ellos y que la disolución es la espada de Damocles que pende sobre sus cabezas", dijo el socialista José Caballos.

Con otros términos, todos los portavoces suscribieron esta afirmación en la reunión de la Diputación Permanente, reunida para votar la convocatoria extraordinaria de la comisión de Coordinación, Justicia y Administraciones Públicas el próximo viernes, periodo inhábil, para debatir una iniciativa de IU y del grupo mixto en la que se pide al Gobierno central la disolución del Ayuntamiento. Los partidos proponentes retiraron la iniciativa y, a propuesta de Caballos, aceptaron, en busca de esa imagen de unidad, a que ésa y todas las iniciativas sobre Marbella se discutan en una comisión monográfica, pero ordinaria, cinco días más tarde, el 4 de septiembre. Caballos también les "ofreció" incorporarse a la reunión que PSOE, PP y PA mantienen sobre Marbella.

Reproches

Pese a que, en el fondo, todos los grupos están de acuerdo en el análisis y el diagnóstico de la turbia situación municipal, los partidos no desaprovecharon la oportunidad para darse pataditas y en el caso de los portavoces del mixto, Ricardo Chamorro, y del PA, Ildefonso dell'Olmo, para tirarse los trastos a la cabeza. El representante de IU, Antonio Romero, recibió reproches de oportunismo por parte de PSOE y PP. "¿Cómo se pude decir que es una iniciativa partidista si la hemos presentado tres veces?", se defendió.

Quedó claro que los cinco grupos apuestan por la disolución del Ayuntamiento, aunque antes reclaman informes jurídicos y técnicos que avalen la excepcionalidad de la decisión. Este requisito lo recordó ayer el líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, porque la medida exige base legal y "no sólo un acto de voluntad política".

Tanto Caballos como Sanz abogaron por que la Fiscalía Anticorrupción investigue "si ha habido cohecho, soborno, compra o no de voluntades, porque si fuera así", estimó el socialista, "sería un gobierno ilegítimo en origen y eso sería motivo suficiente para la disolución". El popular propuso explorar "mecanismos de tutela e intervención" de la Junta por si no hay sostén jurídico para la disolución.