Aclaración
En referencia al artículo publicado en su periódico el pasado día 6 de agosto sobre la atención a los ancianos según el cual Cataluña estaría en la cola del Estado por lo que se refiere a la atención domiciliaria, quisiera aclarar algunos puntos.
El estudio al que se refiere dicho artículo no se basa en datos actualizados, pero, sobre todo, se centra exclusivamente en los servicios que se prestan a las personas mayores desde la atención social primaria de la Administración local, y no ha tenido en cuenta muchos otros servicios y ayudas que, desde el Gobierno de la Generalitat, se ofrecen a los ancianos.
Queremos destacar que algunos de estos servicios se aplican en muy pocas comunidades autónomas, como es, por ejemplo, el soporte a personas dependientes, que sólo se ofrece en Cataluña y en el País Vasco.
Entre los distintos servicios que no contempla dicho estudio están los equipos de atención socio-sanitaria a domicilio de la Generalitat, las prestaciones económicas para la compra de atención a domicilio o la teleasistencia.
De la suma de todos estos servicios se puede decir que el número de personas de más de 65 años que en Cataluña reciben ayuda domiciliaria o ayudas para su contratación es de 57.960 personas, lo que supone el 5,07% de esta franja de población.
Por otro lado, las comunidades autónomas tienen políticas de bienestar social diferenciadas y, por ello, es difícil su comparación.
Cataluña ha escogido un sistema de asistencia a los ancianos que favorece, cuando ello es posible, la atención por parte de los familiares más próximos, para que los ancianos puedan permanecer en su entorno habitual si éste es su deseo; para ello hemos previsto importantes ayudas económicas directas, una red de centros de día que les dan soporte, así como actuaciones complementarias que se incluyen en los programas de conciliación de la vida laboral y familiar.
Cuando no es posible la estancia domiciliaria, se ofrece la atención residencial; en esta legislatura se ha incrementado la oferta pública en 7.000 plazas y, según datos del mismo Imserso, es en Cataluña donde hay una mayor oferta de plazas residenciales de todo el Estado español.
Esta política del Gobierno de la Generalitat viene avalada por las conclusiones de otro estudio, también mencionado en su artículo, según el cual el 58% de los ciudadanos considera que la familia, sola o junto con el Estado, es la responsable de la atención a las personas mayores dependientes.
