Fiscalía distraída

La voluntad del Gobierno de amortizar o minimizar la llamada Fiscalía Anticorrupción ha llegado a su punto máximo, por ahora, con las declaraciones del ministro de Justicia para anunciar su proyecto de atribuir nuevas competencias a esa fiscalía, tales como la persecución de las mafias de la inmigración, la falsificación de tarjetas de crédito, el robo de vehículos de lujo o el pirateo de programas informáticos y discos. Lo mínimo que se puede decir de un Gobierno y un partido como el PP, beneficiarios hasta ahora de la labor defensiva de ambos asumida por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en materia de investigaciones sobre corrupción es que el ministro Michavila propone complementar la actitud distraída respecto a esos asuntos mediante una nueva distracción de la Fiscalía Anticorrupción, vendida mediáticamente como un "reforzamiento" de la misma.

Basta recordar que esta fiscalía, nacida en 1995 durante el mandato socialista, fue consecuencia de una serie de resoluciones del Congreso de los Diputados que instaban al Gobierno a la creación de una Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción. Es bueno retener esa denominación completa, porque ella responde a la voluntad parlamentaria que la reclamó.

A la vista, entre otros asuntos, de los indicios delictivos en el caso Ercros, que salpican al ministro Piqué, el escándalo de Gescartera y, de manera espectacular, en las más que presuntas corrupciones en todo el proceso seguido en los recientes escándalos de las elecciones a la Comunidad de Madrid o la moción de censura en el Ayuntamiento de Marbella, cualquier operación de mirar hacia otros delitos no económicos para distraer la atención de la fiscalía o modificar sus objetivos sólo puede ser fruto de la irresponsabilidad política. El nuevo fiscal jefe, Antonio Salinas, tiene trabajo por delante con la ley en la mano. El ministro no debe distraerle.