El catecismo

El ministro de Defensa, Federico Trillo, admitió ayer que su departamento "orientó" a los militares seleccionados para hablar en los medios de comunicación sobre la participación española en la guerra de Irak, pero restó trascendencia a la iniciativa y negó cualquier intención de adoctrinamiento en el argumentario con formato de catecismo -preguntas/respuestas- elaborado al respecto y cuya existencia ha sido revelada por EL PAÍS. Sin embargo, la iniciativa de Defensa no puede separarse de la actitud general del Gobierno respecto a la crisis iraquí, presidida por una ambigüedad calculada respecto al significado del compromiso bélico español y por la búsqueda de avales externos a impopulares decisiones políticas propias.

Ambigüedad: Aznar quiso fotografiarse en las Azores entre los futuros vencedores y a la vez disfrazar de ayuda humanitaria la participación -modesta - en el conflicto. Siempre ha sostenido que esa presencia estaba avalada por resoluciones de Naciones Unidas, cuando en realidad se trataba de asumir la interpretación interesada que el presidente Bush estaba haciendo de tales resoluciones como cobertura de la decisión, firme desde el verano de 2002, de invadir Irak en cualquier caso: con independencia de que se probase o no que Sadam poseía armas de destrucción masiva con las que se proponía atacar a Occidente. Hoy sabemos que algunas de las acusaciones eran falsas, como la supuesta compra de uranio enriquecido en Níger, y otras, exageradas o basadas en pruebas manipuladas como las que obligarán al primer ministro británico a declarar ante el juez que investiga las circunstancias del suicido del experto en armas biológicas David Kelly.

No habría nada malo en que el Gobierno informara a los mandos del Ejército de sus razones para involucrarse en el conflicto si no fuera porque tales razones se apoyaron en esas pruebas exageradas o manipuladas y porque resultó evidente el intento de ampararse en opiniones aparentemente neutras, de expertos militares, para justificar una toma de posición netamente política. Ése es el reproche que merece la actitud del departamento que dirige Trillo.

La ambigüedad del Gobierno se ha manifestado también en el terreno institucional. Mediante el expediente de evitar términos como guerra, antes, y ocupación, ahora, Aznar ha dado por supuesto que no eran de aplicación las disposiciones constitucionales sobre la declaración de conflicto bélico. En consecuencia, el Parlamento es informado, pero no requerido para aprobar decisiones como el envío de tropas en apoyo de la potencia ocupante. A diferencia de Bush, que nunca ocultó sus intenciones, aunque fuera variando la justificación invocada, Aznar sí trató de hacerlo y desde el primer día centró su argumentación en la amenaza para España derivada de la posesión por Sadam de armas de destrucción masiva y de su intención de ponerlas en manos de terroristas. Como la idea de guerra preventiva era rechazada por la opinión española, presentó como hechos probados lo que no eran sino hipótesis. Y recurrió para ello a la autorizada opinión de expertos militares previamente aleccionados.