El fiscal investigará si hubo cohecho en la moción de censura en Marbella

No hubo pelea de gallos en la fiscalía de Málaga. Julián Muñoz, alcalde de Marbella, y su antecesor, Jesús Gil, echaron marcha atrás en las acusaciones de corrupción que ambos se cruzaron en un programa de televisión el pasado sábado y por las que el fiscal les citó ayer como imputados. La fiscalía, que mantiene abiertas las diligencias, centrará ahora su investigación en determinar si hubo un delito de cohecho en la gestación de la moción de censura que ediles del GIL, del PSOE y del Partido Andalucista presentaron contra Muñoz, por lo que citará a algunos de ellos en los próximos días.

Los interrogatorios a Muñoz y Gil no sólo no sirvieron para aportar datos más precisos sobre las acusaciones, sino que ambos coincidieron en atribuir su comportamiento en Salsa rosa a un "calentón", fruto del "estado emocional" por el que ambos atraviesan debido a la crisis política en la ciudad, según informó el teniente fiscal Antonio Morales. No hubo careo, porque según el fiscal no aparecieron contradicciones.

Ninguno de los dos dijo tener pruebas ni conocimiento de que el otro se haya enriquecido durante su gestión en el consistorio, y que simplemente utilizaron habladurías que circulan por la ciudad. Jesús Gil sí dijo que en 1995 Muñoz le pidió que le nombrara diputado provincial porque necesitaba el sueldo para costear los estudios universitarios de su hija. Sobre los 420.708 euros de gastos de campaña electoral que Gil insinuó en Salsa rosa que Muñoz se quedó, ayer dijo que en realidad desconocía el uso que se le habían dado.

La fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga abrió el pasado lunes diligencias informativas de investigación penal por entender que de las acusaciones que se cruzaron Gil y Muñoz en el programa de Tele 5 Salsa rosa podían derivarse la comisión de varios presuntos delitos, como los de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, malversación y contra la ordenación del territorio, por lo que los citó a declarar como imputados.

Fuentes judiciales informaron que la línea de investigación en la que ahora insistirá la fiscalía será el esclarecimiento de las circunstancias en las que acordó la moción de censura contra Muñoz hace una semana, por lo que citará a declarar a sus firmantes, independientemente de que ésta se apruebe o no. Lo más probable, indicaron dichas fuentes, es que el fiscal espere a que la censura se debata en el pleno del próximo día 13 y cite en primer lugar a la concejal Isabel García Marcos, ex portavoz del PSOE, quien asegura que minutos antes de firmarla recibió una llamada de Julián Muñoz en la que éste le ofreció "todo lo que quisiera" para que no siguiera adelante con la iniciativa.

Muñoz dio una versión bien diferente al fiscal y aseguró que García Marcos le negó en la conversación que mantuvieron que fuera a firmar moción de censura alguna. El alcalde dijo que varios concejales de su grupo fueron testigos de la conversación, por lo que también serán citados a declarar.

Las mismas fuentes explicaron que toda vez que existen diversas causas abiertas en varios juzgados relativas a algunos de los asuntos sobre los que Gil y Muñoz se acusaron de corrupción en Salsa Rosa, especialmente los referentes a convenios urbanísticos y concesión de licencias, la intervención del fiscal en esos asuntos se limitará a dar traslado a los instructores, aunque el fiscal mantiene las imputaciones.

Gil, que declaró durante casi dos horas ante el teniente fiscal y el fiscal encargado de delitos contra la ordenación del territorio, Juan Carlos López Caballero, dijo a los aproximadamente 70 periodistas que le esperaban a la salida que "por respeto a las instancias judiciales" no iba a comentar nada sobre su comparecencia. Horas más tarde justificó su marcha atrás en un programa de Antena 3: "Uno no puede ser nunca un suicida, y un gilipollas tampoco".

Aseguró estar "arrepentido" de la discusión en Salsa Rosa porque "nadie puede sentirse orgulloso de un espectáculo tan bochornoso y esperpéntico".

Ambas partes se personaron en el procedimiento, lo que permitió la presencia de los abogados en los dos interrogatorios. Horacio Oliva y Fernando García Guerrero-Strachan representaron a Gil, y José María del Nido a Muñoz.