Lula gana en el Parlamento la primera batalla de las reformas sociales en Brasil

Con la aprobación en el primer turno del Parlamento con 358 votos a favor y 126 en contra del texto del proyecto de reforma de la Seguridad Social, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva consiguió en la madrugada de ayer la primera gran victoria política tras su elección. Consiguió aprobar en seis meses una reforma constitucional que su antecesor no había logrado en ocho años de gobierno, aunque la victoria fue difícil y deja heridas por el camino. Ayer mismo, una marcha de protesta protagonizada por más de 50.000 funcionarios públicos, llegados a Brasilia desde todo el país, concluyó con disturbios en los que resultaron heridas tres personas.

La manifestación, que comenzó como un acto pacífico, acabó en tumulto cuando un grupo de manifestantes intentó entrar por la fuerza en el Parlamento, rompió con palos y piedras las puertas de vidrio del edificio y logró pasar, con el resultado de dos manifestantes y un policía heridos.

Ya en el día anterior, durante las largas horas de debate parlamentario, grupos de funcionarios desafiaron a la policía en el Parlamento y llegaron a agredir a algunos diputados, tras lo cual las fuerzas del orden cargaron contra ellos.

Pero quizá la mayor espina de Lula la constituyó el voto en contra de tres diputados de su formación, el Partido de los Trabajadores (PT), y las abstenciones de otros ocho de ellos, mientras parte de la oposición votaba a favor de la propuesta del Gobierno por responsabilidad con el importante proyecto, que revoluciona en buena parte el futuro social y económico del país.

Los tres diputados del PT que votaron contra la reforma serán expulsados de la formación, advirtió ayer José Genoino, presidente del PT, informa Efe.

Los tres diputados en cuestión, Luciana Genro, João Batista de Araújo y João Fontes, son considerados como los radicales del PT, por representar los sectores más a la izquierda del partido.

El trío se ha convertido en una piedra en el zapato para Lula desde que el líder socialista asumió la presidencia, el 1 de enero, debido a que ha acusado al Gobierno de proseguir las políticas conservadoras del ex presidente Fernando Henrique Cardoso y de rendirse a los intereses del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Gobierno, a pesar del apoyo de algunos partidos de la oposición, entre ellos el Partido Socialista Democrático Brasileño (PSDB) de Cardoso, no consiguió votar de una vez todo el texto de la reforma, por causa de uno de los aliados del Gobierno, el Partido Liberal (PT) del vicepresidente de la República, el empresario José Alencar, que exigió que se votaran separadamente algunos de los puntos más polémicos, entre ellos el que fija el techo máximo de las jubilaciones de jueces y magistrados en 5.600 euros, propuesta rechazada por el Poder Judicial.

El PL se puso a favor de los jueces, mientras que el presidente Lula hubiese querido un techo aún menor. "No es posible que haya jueces que ganen hasta 16.000 euros", había dicho Lula, "en un país donde el salario base de un trabajador es de 80 euros".

La victoria obtenida por Lula, que, según todos los analistas, ya poco podrá cambiar hasta su aprobación definitiva, supone, según afirmó ayer Genoino, una victoria "que da garantías de justicia para todos los ciudadanos y pone fin a una era de absurdos privilegios de algunas minorías".

Un paso valiente

La analista económica del diario O

Globo, Miriam Leitao, escribió ayer: "Con defectos, incompleta, con concesiones hechas a lo largo del proceso de negociación, la reforma supone, sin duda, un paso valiente en la dirección justa". La analista dio algunas cifras para que la opinión pública pudiera entender por qué Lula quiso una reforma que acabó dividiendo a su partido: el sistema de Seguridad Social excluye de él actualmente a más de 40 millones de trabajadores pobres, que ahora podrán entrar en él. Además, 900.000 jubilados del sector público, muchos con sueldos de oro, suponen el 39% del déficit presupuestario, mientras que 20 millones de jubilados del sector privado suponen el 24%. Menos de un millón de jubilados públicos producen un déficit al Estado de 8.000 millones de euros. Y concluye: "La reforma aprobada supone la medida moralizadora más importante hasta ahora conocida en este país".

El Gobierno deseaba acabar con las votaciones del proyecto ayer mismo, probablemente una vez concluida la gran manifestación de protesta de los funcionarios públicos, que obligó al Ejecutivo a movilizar a cerca de 2.000 policías.